La solidaridad y el Lamborghini

Hace un par de semanas, López Miras afirmó, respecto del pacto fiscal suscrito entre PSC y ERC en Cataluña, que ´no es compatible con un sistema de financiación autonómica justo’, añadiendo que ‘habrá territorios donde los servicios esenciales sean de primera y en otros de segunda’. Y esto lo dice un presidente, el murciano, que renuncia a unos 400 millones de euros anuales de su presupuesto a base de bonificar los impuestos de sucesiones y donaciones y rebajar el IRPF mediante deducciones añadidas, lo que significa que es la gente con más recursos la que resulta beneficiaria de esos regalos fiscales. Murcia es la segunda comunidad, tras Madrid, que más ingresos pierde por esta vía en términos absolutos. Y la primera en relación tanto a su PIB como a su población. Es decir, la derecha murciana mete en el bolsillo de una minoría un dinero que precisan con urgencia los deteriorados servicios públicos y las maltrechas infraestructuras de esta región. Y a partir de ahí su presidente insta al Estado a que le proporcione lo que le falta, con el fin de que sean todos los contribuyentes españoles quienes financien a los murcianos y murcianas más privilegiados. 

Como se puede apreciar, quienes en su ámbito practican esta fiscalidad exhiben una gran dosis de cinismo cuando hablan de financiación justa. Desde la perspectiva de ésta, Sánchez y su gobierno tampoco pueden presumir del acuerdo catalán, a pesar de ese discurso del Lamborghini del presidente en el que, tras criticar acertadamente el dumping fiscal que han puesto en marcha varios gobiernos del PP, abogaba por que los ricos pagaran más impuestos en todas partes y defendía lo pactado con ERC como compatible con la solidaridad. No obstante, por si ésta pudiera verse comprometida, prometió doblar los fondos de compensación interterritorial, sin aclarar que ello suponía que 10 comunidades autónomas(las que tienen una renta per cápita inferior al 75% de la media comunitaria) se repartirían poco más de 800 millones de euros anuales, cuando la suma total de los fondos de financiación autonómicos alcanza los 134.000 millones. Es decir, ofrecía calderilla a los más pobres a fin de vender políticamente la financiación singular de Cataluña. Y eso no huele bien.

 Si recurría a estas trampas contables y se envolvía en una retórica ‘roja ’para adornar esa suerte de nuevo concierto que irrumpe en el mapa autonómico español, es porque aquél no tiene que estar muy claro en lo tocante a que no haya merma en lo que reciben los demás una vez ajustadas las cuentas con la Generalitat. Y aunque ningún experto ha logrado desentrañar el flujo de dinero que va a circular entre Cataluña y el resto del Estado, quizá porque eso sea lo que pretende el documento suscrito entre socialistas y republicanos catalanes, lo cierto es que en el mismo se incluye un criterio, el de ‘ordinalidad’, en función del cual una comunidad autónoma no puede recibir menos per cápita que las que aportan una cantidad inferior, lo cual representa una quiebra del concepto de reparto solidario. Trasladando este principio a la fiscalidad entre las personas, supondría que quienes más aportan por tener mayor renta y patrimonio debieran ser quienes más reciban, a fin de mantener su nivel socioeconómico. Ello es absurdo desde el punto de vista de la equidad: los que más tienen, en cualquier Hacienda moderna, han de perder ingresos en favor de los que menos poseen. Ésa es la esencia de una fiscalidad progresiva, trátese de sujetos pasivos o de territorios.

Ahora bien, la solidaridad entre las partes requiere de la  previa en el interior de cada una de ellas. No vale, como hace López Miras, pedir fondos a la caja común cuando en casa se renuncia a recaudar de quienes han sido sonreídos por la fortuna(por herencia en buena parte de los casos). Es necesaria una armonización fiscal en el conjunto de España(y de Europa, incluso)basada en unos impuestos realmente progresivos, lo que acarrearía  mayores recaudaciones. Cuando empresarios y trabajadores, ricos y pobres, paguen lo mismo sobre sus ingresos en Murcia que en Aragón o Galicia(reforma fiscal mediante), será el momento de poner sobre la mesa los mecanismos de compensación necesarios para que la sanidad, la educación, la dependencia y los servicios sociales(eso es lo que cubre la financiación autonómica)alcancen unos niveles mínimos en todo el país. Y para alcanzar este objetivo no es ningún obstáculo que las autonomías recauden todos los impuestos, avanzando así hacia un Estado federal por la vía de que aquéllas asuman la responsabilidad en el ingreso, y no sólo en el gasto como ocurre ahora. Basta con que después se aporte o reciba, de ese fondo compartido, en función de la riqueza de cada cual. Pero el punto de partida es que apoquinen más los poderosos. Después, arreglemos números entre territorios. 

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