1º de mayo: un día de la clase trabajadora en defensa de sus derechos

El Primero de Mayo es, como siempre, una fecha que nos convoca a la clase trabajadora a reivindicar y reflexionar sobre la situación política, social y de derechos. La perspectiva con la agresión constante del capitalismo, que, a través del imperialismo y la imposición de un nuevo orden mundial, impulsa el caos y las guerras de todo tipo, manteniendo genocidios y conflictos en distintas partes del mundo, siendo Palestina y Ucrania sus máximos exponentes.
En estas circunstancias, la defensa de los derechos y la paz debe ser la principal tarea de todas las personas y organizaciones comprometidas con estos principios, sin dejarse arrastrar por las presiones ni las actitudes impuestas por los amos del capital.
En nuestro país, observamos con gran preocupación cómo las fuerzas políticas y sociales progresistas están adoptando decisiones que, lejos de defender los derechos y una vida digna, se alinean con los intereses del capital financiero y sus representantes políticos y mediáticos. Esto ha derivado en la cesión de derechos conquistados tras años de lucha política, sindical y social.
Los derechos políticos se ven limitados por la Ley Mordaza, utilizada de manera indiscriminada contra personas y organizaciones sociales que se oponen al recorte de libertades. Los derechos laborales han experimentado una regresión significativa a través de reformas que suponen un retroceso frente a los logros alcanzados por trabajadoras, trabajadores y organizaciones sindicales. Así, derechos como la jubilación, pensiones dignas, sanidad, dependencia y educación públicas, han sido objeto de procesos de semiprivatización y entregados a la especulación, dejando el futuro de estos derechos en una situación muy incierta.
Desde COESPE manifestamos nuestra más firme oposición a la situación actual que enfrentan miles de trabajadoras y trabajadores que, tras décadas de cotización y esfuerzo se ven privados del derecho efectivo a una jubilación anticipada en condiciones dignas. La nueva regulación, impuesta sin información ni debate dentro del movimiento obrero, no solo es injusta, sino especialmente gravosa para quienes, por razones de salud, desgaste físico o situación laboral, no pueden continuar en activo hasta los 67 años exigidos.
La legislación vigente establece reducciones significativas en las pensiones de quienes deciden jubilarse antes de la edad ordinaria, aplicando coeficientes reductores que, en muchos casos, restan hasta un 21% de la pensión pública. A esto se suma la ampliación del período de cálculo para determinar la cuantía de la pensión, lo que agrava aún más la situación.
La supuesta concertación social, así como la pérdida de valores e intereses de clase por parte de estructuras sindicales y partidos de progreso, resulta inexplicable, especialmente cuando no ha existido un verdadero debate ni consulta democrática dentro del movimiento obrero. ¿Qué intereses defienden?
Asimismo, sigue sin resolverse la situación de decenas de miles de personas jubiladas que, tras cotizar más de 40 años a la Seguridad Social siguen recibiendo una pensión pública penalizada. La jubilación anticipada no puede convertirse en un privilegio inalcanzable. Debe ser un derecho accesible para todas y todos, especialmente para quienes comenzaron a trabajar desde edades tempranas o desempeñan labores especialmente exigentes.

Exigimos la derogación urgente de los coeficientes reductores, así como la implementación de criterios más flexibles y justos que contemplen la realidad laboral, la salud y las trayectorias de vida de trabajadoras y trabajadores. Una jubilación digna y justa es parte esencial de un verdadero sistema de bienestar. No permitamos que se convierta en una promesa vacía para quienes ya lo han dado todo. Ningún sindicalista que se precie puede negar el futuro de la clase trabajadora.
Este retroceso en derechos relacionados con el Sistema Público de Pensiones se consolida también a través de los planes privados de pensiones y la práctica de desviar fondos de la Seguridad Social —del salario diferido de las y los trabajadores— hacia la cobertura de crisis financieras impuestas por el mismo sistema capitalista.
Apoyados por potentes medios de comunicación y mediante campañas de desinformación, se sustraen miles de millones de euros del salario diferido de los y las trabajadoras, desviándolos del Sistema Público de Pensiones hacia la banca y los fondos buitres financieros, que engordan sus arcas en cada nueva crisis sistemática que el capitalismo provoca. Además, se incumple la ley al no realizarse la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, y se votan medidas contrarias a lo público y a los derechos sociales.
Por todo ello, desde COESPE hacemos un llamamiento a las trabajadoras, trabajadores y a quienes les representan en las empresas para que exijan otras políticas, otros métodos y el abandono de los acuerdos y pactos decididos a espaldas de la clase trabajadora. Reclamamos que se recupere el uso de los mecanismos democráticos del movimiento obrero, que tanto han contribuido a avanzar en derechos, libertades y democracia.

Este Primero de Mayo de 2025, defendamos las libertades y los derechos públicos y democráticos. Defendamos la vida y el futuro.
¡¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LOS SERVICIOS PÚBLICOS, LOS DERECHOS Y LAS PENSIONES SE DEFIENDEN!!

Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.