Paraguay: Gobierno Cartes: la soja, la droga y el enemigo interno

Un nuevo rumbo

Exactamente una semana después de iniciar su presidencia, el 22 de agosto de 2013, Horacio Cartes obtuvo en el Congreso la reforma de la Ley 1337/99 de Defensa Nacional y de Seguridad Interna. La modificación otorgaba al nuevo presidente la posibilidad de militarizar zonas enteras del país, vía decreto del poder ejecutivo y sin previo acuerdo del Parlamento Nacional, el objetivo mencionado era “enfrentar cualquier forma de agresión externa e interna que ponga en peligro la soberanía, la independencia y la integridad territorial del país”

La ley modificada inaugura el “estado de sitio blando”, nada más normal en la década de la generalización de los golpes blandos, como el que vivió el propio Paraguay en junio de 2012 y abrió la vía para que Cartes llegue al poder en abril del 2013.

El motivo declarado de la medida era el combate a un pretendido grupo guerrillero denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que en casi una década de existencia reivindicó varios sonados casos de secuestros extorsivos, quemas de maquinarias de sojeros y de algunos puestos policiales del interior del país, así como diversos enfrentamientos a tiros con fuerzas policiales y militares. En los días previos a la militarización también reivindicó el asesinato de 5 guardias privados de una estancia, en un confuso episodio en Tacuatî, ciudad situada a unos 350 km al norte de la capital. El hecho fue la base para la aprobación de la medida.

El Presidente que prometía un nuevo rumbo para el país y se ufanaba de que nadie le marcaría la agenda, con menos de un mes de gobierno ya estrenaba el nuevo dispositivo enviando fuerzas militares a 3 departamentos del país: Concepción, San Pedro y Amambay.

Guerrilla sin monte pero con sojales

El grupo armado mencionado opera en una zona bastante definida, las propias fuentes policiales y militares los describen como un grupo que no sobrepasaría las 50 personas y al menos en sus intervenciones más publicitadas no dieron muestras de contar con un gran poder de fuego o de disponer de un arsenal muy sofisticado. La región en cuestión, es una de las zonas más deforestadas del país, consecuencia del cultivo intensivo de soja transgénica; vale decir, grandes planicies sin masas boscosas importantes, un terreno que no parece muy propicio para la implantación de una guerrilla rural o que en todo caso debería facilitar la captura de sus integrantes.

En algunas semanas más se cumplirán 3 años de la presidencia de Horacio Cartes y de la militarización de los mencionados departamentos, medida que sigue vigente de forma ininterrumpida hasta hoy. En todo este tiempo su  “lucha anti-subversiva” no erradicó el EPP. En cambio, las comunidades campesinas sí que sintieron la presencia militar. Abundan las denuncias por casos de maltrato, abuso de poder, violencia policial, tortura y recurrentes escándalos de corrupción que involucran a las Fuerzas de Tarea Conjunta (policías y militares) que opera en la zona[1], cuyo financiamiento, dicho sea de paso, es sumamente costoso a las arcas públicas[2] y se hace en desmedro de políticas sociales muy necesarias en estos y otros departamentos.

Según denuncian organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos[3], la llegada de la FTC creó un clima de terror en las comunidades campesinas, una sensación propia de tiempos dictatoriales, un contexto en el que cualquier persona en oposición a las políticas gubernamentales o a la expansión del modelo sojero, es asimilado a un alzado en armas o cuándo menos cómplice de los mismos y es tratado como tal.

No hace falta ser muy perspicaz, para entender el efecto de este tipo de métodos sobre un movimiento campesino particularmente fuerte y activo en la región.

La frontera de la droga

La ciudad de Pedro Juan Caballero es la capital del departamento del Amambay, recordemos que dicho departamento es uno de los 3 militarizados por decreto presidencial. Su ubicación en la estratégica “frontera seca” con el Brasil, es un punto clave de la ruta del tráfico de drogas en la región. Una de las puertas de entrada al gigantesco mercado brasilero y atravesando este país puede circular a otros continentes vía océano Atlántico.

Esto dio a la ciudad un sulfuroso prestigio que la situaba como la base de operaciones de diversos capos de la droga del Brasil y de Paraguay y fue el teatro de sonados crímenes. Pero lentamente fue dejando de ser centro del interés mediático, hasta que esta semana los reflectores se enfocaron nuevamente sobre ella. El motivo fue un espectacular atentado contra un capo narco. El ataque se produjo en plena calle y fue ejecutado por un batallón de 100 sicarios – sí, leyó bien, ¡cien![4] – con entrenamiento militar y un impresionante arsenal que incluía una ametralladora antiaérea, que fue utilizada para perforar el blindaje de la camioneta en la que circulaba el mafioso, éste resultó muerto en el ataque con 16 impactos de bala en el cuerpo. Se trataba de un brasileño de 56 años, de nombre Jorge Rafaat y apodado “Sadam” (por Sadam Hussein), procesado por tráfico y lavado de dinero en el Brasil[5], pero que vivía cómodamente instalado en el lado paraguayo de la frontera seca.

Es más, el propio titular de la SENAD (Secretaría Nacional Antidrogas) confiesa que estaba al tanto de las actividades delictivas de Rafaat, pero alega que como no tenían pruebas para llevarlo a prisión[6], seguía libre como los pájaros y era conocido como un “exitoso empresario”. Quien sabe, si se hubiese naturalizado a lo mejor hubiera podido pretender a un cargo electivo o incluso a la presidencia.

Pero hablando más seriamente, el argumento de la falta de pruebas para llevar a prisión a alguien resulta poco convincente mirando el actuar de la justicia paraguaya y su fiscalía, que no se caracterizan por una gran pulcritud en la materia, en estos días se aprestan a condenar con penas de hasta 40 años de cárcel a campesinos acusados de participar en la masacre de Curuguaty[7], trágico suceso que sirvió de coartada al golpe blando contra el gobierno de Fernando Lugo, sin que hayan aportado una sola prueba que incrimine formalmente a ninguno de los encausados en un proceso judicial plagado de aberraciones y violaciones al debido proceso. Es decir, cuando quieren, pueden.

La soja y la droga

Justamente, llegado a este punto, es difícil no hacer la comparación de la militarización y la acción gubernamental en los 3 departamentos mencionados. Mientras que en Concepción y San Pedro, departamentos fuertemente impactados por el avance del monocultivo de soja transgénica y sus efectos sobre el ecosistema y la población, la represión parece concentrarse sobre las comunidades rurales pobres y las organizaciones campesinas que resisten, con la oportuna excusa del combate a una desarrapada guerrilla; en el departamento de Amambay, donde el problema fundamental es el cultivo y el tráfico de estupefacientes y en cuya capital,  están instalados poderosos y conspicuos narcotraficantes que desatan una guerra abierta en las narices de las autoridades, la respuesta es un silencio bastante parecido al omerta.

El Presidente se negó a hacer declaraciones sobre lo sucedido. El ministro de Defensa, Diógenes Martínez, dejó meridianamente claro que el narcotráfico no representa un problema para la seguridad nacional o un peligro para la integridad territorial y que los militares deben concentrarse en los casos de “terrorismo” impulsado por grupos como el escuálido y fantasmagórico EPP[8]. En cuanto al ministro del interior, a pesar de su inoperancia completa sigue en el puesto sin que nadie se explique cómo o por qué.

Para coronar está caótica situación, el jefe de la secretaria de lucha antidroga, acaba de renunciar a su cargo[9], presionado por la ciudadanía luego de una criminal intervención de sus agentes que balearon a una familia, asesinando a una niña de 3 años y dejando entre la vida y la muerte a un joven pariente de la misma. Los agentes de la SENAD y el fiscal interviniente emprendieron el asalto contra “peligrosos narcos” que resultaron ser miembros de una conocida y tradicional familia del país, sin ningún vínculo con la delincuencia.

Con este breve e incompleto balance, parece claro quiénes son los enemigos de este gobierno.