La internacional fascista va primero contra los más débiles, contra los migrantes

La internacional fascista apoya las políticas de Donald Trump sobre como tratar a los migrantes como a terroristas saltándose la legalidad internacional y pisoteando los derechos humanos.

No es algo que solo tenga en la cabeza la ultraderecha en los Estados Unidos, también la derecha europea ha intentado dar pasos en ese camino, con una diferencia, en Europa los jueces han paralizado ese ataque contra los derechos humanos, y en los EEUU el gobierno de Donald Trump se pasa las decisiones de los jueces por el forro.

En Europa tenemos la reciente vergüenza italiana liderada por Meloni: un modelo peligroso para los derechos humanos del que Benito Mussolini se sentiría orgulloso.

Muy parecido a lo que ha negociado EEUU con El Salvador, eligen países del tercer mundo que esten dispuestos a tratar a los migrantes como a terroristas a cambio de dinero.

La idea de El Salvador es aún más bestia que la de Albania, porque las cárceles salvadoreñas con ochenta hombres por celda son auténticos campos de concentración, son las cárceles de la muerte, pero la idea básicamente es la misma.

«El Protocolo Italia-Albania es un claro ejemplo de cómo Europa está retrocediendo en sus principios fundamentales de derechos humanos y justicia. Las prácticas de detención extraterritorial y la repatriación forzada sin respeto por el derecho de asilo no son soluciones, sino una respuesta hipócrita a un problema que requiere un enfoque humano y solidario.»

(Matteo Lentini. Defensor de los derechos humanos).

El gobierno de Georgia Meloni, quiere renombrar sus instalaciones para inmigrantes en Albania para clasificarlas como centros de repatriación, buscando saltarse la ley y prostituyendo el lenguaje para intentar sortear las trabas judiciales a su «modelo» de externalización migratoria.

Funcionarios del gobierno de Meloni (Fratelli d’Italia/ECR) analizan alternativas para mantener en funcionando esos centros, financiados por Roma con 653,5 millones de euros, a pesar de tres sentencias judiciales consecutivas que mantienen paralizado el proyecto.

El acuerdo migratorio entre Italia y Albania, firmado en noviembre de 2023, obliga a trasladar a Albania a los inmigrantes adultos procedentes de «terceros países seguros» rescatados por Italia en el mar.

Las operaciones se llevan a cabo en dos localidades albanesas. En Shengjin se someten a controles, mientras que en Gjader los inmigrantes esperan una decisión sobre su posible estatus de refugiados y el derecho de asilo.

Para eludir la supervisión judicial, el gobierno de Meloni (Fratelli d’Italia, Forza Italia/PPE y La Liga/PfE) estudia revisar la nomenclatura de esos polémicos centros.

Si se reclasifican, las instalaciones de Shengjin y Gjader -diseñadas inicialmente para tramitar la situación de los inmigrantes interceptados en el mar- acogerían en su lugar a los migrantes irregulares que ya se encuentran en Italia, incluidos los que están en centros de acogida a la espera de ser expulsados.

El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani (Forza Italia) se mostró cauto ante la propuesta. «Ya veremos», aseguró este lunes en Roma. «Estamos avanzando, no abandonaremos el trabajo en Albania».

El futuro de las «soluciones innovadoras» lo llaman los neofascistas.

A pesar de que están operativos desde el 11 de octubre de 2024, los centros para inmigrantes, construidos por Italia en Albania en el marco del acuerdo migratorio Italia-Albania, aún no han recibido a ningún migrante.

A pesar de los obstáculos legales, el gobierno de Meloni no ha dado muestras de querer dar marcha atrás. La jefa de gobierno aseguró que está dispuesta a «pasar todas las noches» en esos centros hasta el final de su mandato si es necesario.

A escala europea, el modelo de externalización migratoria ítalo-albanés forma parte de los debates sobre las «soluciones innovadoras» ante ese reto, a menudo vinculadas al concepto poco definido de los llamados centros de retorno.

Afortunadamente, por ahora, el sistema ideado por el gobierno de Meloni no solo es éticamente cuestionable, sino que ya ha sido rechazado varias veces por los magistrados italianos y europeos. El Tribunal de Apelación de Roma, junto con el Tribunal de Casación y el Tribunal de Justicia de la UE, ha declarado ilegales los procedimientos italianos de detención y repatriación de migrantes, ya que violan el derecho europeo e internacional.

El sistema presenta graves problemas, entre ellos la negación del derecho a la defensa. Los migrantes retenidos en Albania no pueden acceder a un abogado ni preparar adecuadamente sus audiencias, lo que viola el artículo 24 de la Constitución italiana, el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Además, las solicitudes de asilo son sistemáticamente rechazadas como «manifiestamente infundadas», lo que confirma la intención del gobierno italiano de negar protección a los migrantes, violando la normativa internacional.

El criterio arbitrario con el que algunos migrantes son enviados a Albania, sin ninguna transparencia en la toma de decisiones, agrava aún más la situación. Además, los solicitantes de asilo solo tienen siete días para presentar un recurso, pero su posibilidad de hacerlo se ve gravemente comprometida por la detención en el extranjero y la imposibilidad de designar un abogado de confianza, lo que viola el derecho de acceso a la justicia y el principio de no devolución establecido en la Convención de Ginebra.

El Tribunal de Apelación de Roma no ha validado la detención y ha remitido el caso al Tribunal de Justicia de la UE, que deberá determinar si Albania puede considerarse un país «seguro». Sin embargo, la gestión italiana de la inmigración parece claramente orientada a la eliminación del derecho de asilo, basada en medidas propagandísticas que socavan el Estado de derecho y los principios fundamentales de la justicia internacional.

Así, el Protocolo Italia-Albania es un claro ejemplo de cómo Europa está retrocediendo en sus principios fundamentales de derechos humanos y justicia. Las prácticas de detención extraterritorial y la repatriación forzada sin respeto por el derecho de asilo no son soluciones, sino una respuesta hipócrita a un problema que requiere un enfoque humano y solidario. El gobierno italiano, con la complicidad de alianzas políticas cuestionables, intenta imponer un modelo que no solo viola y seguirá violando los derechos fundamentales de las personas, sino que traerá graves consecuencias sociales y políticas si se implementa.

La única diferencia con los Estados Unidos es que la Casa Blanca no respeta la legalidad internacional, ni los derechos humanos, ni las decisiones de sus propios jueces y siguen adelante con su proyecto de usar a un El Salvador en manos del sátrapa dictador fascista Bukele como un Guantánamo barato fuera de la ley, un campo de concentración para migrantes.

Desgraciadamente países como Estados Unidos y su satélite Israel, están muy acostumbrados a saltarse la legalidad internacional como países, y Donald Trump a saltarse las leyes como persona sin consecuencias de ningún tipo.