Madrid no ha aprendido nada de nada

Allá por la época más salvaje de los locos años del ladrillo, el modelo económico de la Comunidad de Madrid cabalgaba fuerte a lomos de la construcción y la especulación inmobiliaria. Espoleados por el apoyo incondicional del sector financiero y la desmesurada inversión pública de los que rechazaban dogmáticamente la intervención pública en “los asuntos de los dineros”, la construcción acaparó la práctica totalidad de la inversión mientras la languideciente industria capitalina se terminaba de deslocalizar (o, en algunos casos, desmantelar sin más, que eso del acero en Villaverde ya empezaba a sonar a decimonónico). No importaba la total ausencia de diversificación, los claros signos de inestabilidad de la burbuja de especulación inmobiliaria, el aterrador nivel de endeudamiento público y privado en la CAM (la municipalidad contaba con niveles de deuda que comenzaban a evocar al sueño americano de Detroit, y como aquella, aún así no dudaba en echarle miles de millones a candidaturas olímpicas cada vez que se presentaba la oportunidad) o la paradójica imposibilidad de acceder a vivienda ante unos precios demenciales en el momento de mayor producción inmobiliaria de la historia de Madrid.

Y es que la construcción era un valor seguro, el precio de los inmuebles no iba a caer nunca y el endeudamiento se podría pagar mañana. Además, todos los proyectos, por demenciales que pareciesen, se podían justificar por un último y elevado fin social: siempre generarían decenas de miles de puestos de empleo. ¿Cómo? ¿De qué forma los iban a generar? ¡Patatas! Y si el proyecto concluido no los generaba, ya habría otro proyecto mañana que emplease a la gente. Porque la construcción es un motor económico de movimiento perpetuo. Y jamás iba a caer.

Hasta que cayó. ¡Y cómo cayó! Y de pronto, lo que se veía como proyecto archinecesarios para la ciudad¹, quizá no eran tan necesarios y en realidad se trataba, más bien, de abominables despilfarros. Al final del sueño resultaba que el valor de la inversión inmobiliaria no era tan inamovible, el crédito fácil desproporcionadamente amparado en ingresos futuros no era más que una gigantesca estafa piramidal y el imparable motor económico tan solo era una máquina de humo.

El desempleo creció hasta un cuarto de la población de la región, los desahucios se dispararon en una comunidad autónoma con cientos de miles de viviendas vacías y, para colmo, los servicios sociales más necesarios que nunca para evitar una tormenta de pobreza y exclusión, se desmantelaron para que el estado, gestionado por aquellos que rechazaban dogmáticamente la intervención pública en “los asuntos de los dineros”, rellenase con dinero público los colosales agujeros dejados por la timo.

Por lo menos sirvió para algo. El golpe sirvió para que nunca se volviese a cometer el mismo error. No, es broma. A la vista de lo que viene ahora, solo sirvió para demostrarle a las clases más adineradas de este país que el rentismo no pasa por caja. Y que la memoria crítica en la opinión pública es muy corta. O la hacen muy corta.

Esta semana, una sucesión de decisiones y medidas en las distintas administraciones madrileñas nos han dejado claro que la Comunidad y la capital van a volver a tropezar con saña con la misma piedra. Fuerte y flojo.

En el caso de la capital, la aprobación definitiva de Madrid Nuevo Norte, el último nombre de guerra de la interminable Operación Chamartín, resignifica (ahora que está de moda resignificar cosas) la que iba a ser la culminación de la anterior vorágine constructora, como pistoletazo de salida de una nueva era del ladrillo. 3.000.000 de metros cuadrados del norte de la capital que durante los próximos 20 años verán surgir torres ciclópeas destinadas a… Ya se verá a qué. Lo importante es que se construyan, que es lo que da calidad al asunto. Según argumenta el Partido Popular, el proyecto es urgente y fundamental para reactivar la economía de la región después de la crisis sanitaria. En su defensa, es mejor excusa que la justificación del concejal de urbanismo de la era Carmena, que lo justificaba con el Brexit.

En el caso, por otra parte, de la autonomía, el gobierno del escándalo de IFEMA y el milagro de las Residencias (¿o era al revés?), aspira, de forma explícita, a que el nuevo boom deje a la anterior etapa del ladrillo en agua de borrajas con la nueva Ley del Suelo. Si la normativa aprobada en 2001 al albur del modelo de liberalización del suelo impuesto por Aznar, ya era de por sí permisiva, esta va a ser la bicoca. Los constructores no precisarán de permisos, pudiendo empezar a hacer de las suyas con meras declaraciones responsables. Porque todo el mundo sabe que si hay alguien responsable, son ellos.

La polémica presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el tímido alcalde de la capital José Luis Martínez-Almeida, retratados como antagónicos por los medios de comunicación, comparte por completo la apuesta². Además, ahora cuentan con unas cuentas más o menos saneadas que, a ellos que defienden dogmáticamente que el estado no tiene que intervenir en “los asuntos del dinero”, les permitirá alimentar al monstruo con inversión pública en proyectos de dudosa utilidad. Los de utilidad o interés social, de hecho, parece que sobran, a juzgar por la retirada de ayudas para reformas de viviendas e inmuebles en la zonas más empobrecidas de la ciudad.

Pero no hay nada que temer al respecto. Porque la construcción es un valor seguro, el precio de los inmuebles no cae nunca, el endeudamiento se podrá pagar mañana y todos estos proyectos generarán decenas de miles de puestos de empleo. ¿Cómo? ¿Que de qué forma los van a generar? ¡Patatas!

Y si patatas valieron como argumento entonces, patatas valen como argumento ahora. Porque Madrid no ha aprendido nada de nada.