Cuba y la cuestión de los derechos humanos

Desde 1959 y el advenimiento de la Revolución Cubana, y en particular desde 1991 y la caída de la Unión Soviética, Cuba resulta invariablemente asociada a la cuestión de los derechos humanos. En efecto, tras el desmoronamiento del bloque del Este, Estados Unidos ha ajustado su retórica diplomática para justificar el mantenimiento de las sanciones económicas contra la isla del Caribe. El presidente Eisenhower esgrimió primero el argumento de las nacionalizaciones y expropiaciones cuando impuso las primeras medidas de retorsión económica en 1960[1]. Luego, cuando su sucesor John F. Kennedy decretó sanciones totales en 1962, justificó esa medida por la alianza entre La Habana y Moscú[2]. Las posteriores administraciones mantuvieron esa política hostil y adaptaron su comunicación a las circunstancias de la época. Así, el presidente Gerald Ford evocó el apoyo que brindó Fidel Castro a los movimientos revolucionarios e independentistas del Tercer Mundo para explicar el estatu quo hacia la isla[3]. El presidente Ronald Reagan incluso colocó a Cuba en la lista de los países patrocinadores del terrorismo en 1982 para consolidar el estado de sitio impuesto a la población cubana[4]. Pero desde 1992 y la adopción de la Ley Torricelli, Estados Unidos evoca exclusivamente la cuestión de los derechos humanos y de la democracia para mantener las medidas coercitivas contra Cuba[5].

Existe un consenso ampliamente difundido en el seno de la opinión pública, particularmente en Occidente, para asociar Cuba con las violaciones de los derechos humanos. Desde luego no se trata de negar los eventuales atentados a los derechos fundamentales que puedan ocurrir en el seno de la sociedad cubana. Las organizaciones internacionales y la prensa los mencionan regularmente en informes y artículos. En cambio, conviene cuestionarse sobre el hecho de saber si hay una correlación entre el número y la gravedad de las faltas que señalan las instituciones internacionales y su exposición mediática, así como el espacio que ocupa la isla sobre este tema en el imaginario colectivo. En otras palabras, ¿acaso hay más violaciones de los derechos humanos en Cuba que en el resto del mundo?
Para responder a esta interrogante, este trabajo propone realizar un estudio comparativo, basado en el último informe anual de Amnistía Internacional, entre cuatro países: Cuba, Estados Unidos, Francia y España. Tras una constatación sobre la opinión general respecto a los derechos humanos en Cuba, esta mirada cruzada permitirá descubrir si existe una especificidad cubana tangible en materia de derechos humanos o si otras consideraciones que primarían sobre la realidad factual motivan la representación de esta problemática.

1. Constatación sobre la opinión general

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, Cuba es un “Estado autoritario” responsable de “significativas violaciones de los derechos humanos”: abusos contra los disidentes políticos, arrestos arbitrarios, presos políticos, censura, restricción del derecho de reunión y de movimientos, tráfico de seres humanos, trabajo forzado e incluso “severas restricciones de la libertad religiosa”[6].

La prensa estadounidense comparte una mirada similar sobre la cuestión de los derechos humanos en Cuba. El New York Times evoca por su parte el “sombrío balance del Gobierno [cubano] sobre los derechos humanos”[7]. Para el Washington Post, “los derechos humanos elementales” no se respetan en Cuba[8]. Según Los Angeles Times, “las violaciones de los derechos humanos y las políticas antidemocráticas” caracterizan la isla de Cuba[9]. Por su parte, el Boston Globe criticó el viaje histórico de Barack Obama a Cuba en 2016 y publicó un artículo titulado “Los derechos humanos se violan en Cuba, pero Obama está impaciente de visitar la isla”[10]. Para USA Today, “las violaciones de los derechos humanos” son recurrentes en el país[11]. Según el Wall Street Journal, “las flagrantes violaciones de los derechos humanos” son una realidad en Cuba[12]. Newsday subraya que “las acusaciones de violaciones de los derechos humanos han perseguido al Gobierno cubano desde el inicio con los juicios y las ejecuciones sumarios tras la Revolución de 1959”[13]. Para el Chicago Tribune, “el balance de Cuba sobre los derechos humanos es espantoso desde hace décadas”[14].

La prensa europea ofrece un panorama generalmente parecido. En Francia, Le Monde evoca en un editorial la “despiadada represión interior” y un país donde “las libertades públicas resultan destrozadas”[15]. Le Figaro habla por su parte de “represión feroz contra toda oposición”[16]. Libération subraya que la oposición “está prohibida y reprimida” en la isla[17]. El Journal du Dimanche subraya que Cuba es una nación “donde la violación de los derechos humanos es una constante”[18]. En el Reino Unido la imagen que presenta The Telegraph es la de un país que “pone detrás de las rejas a miles de presos políticos”[19]. En España, El Mundo titula “En Cuba los derechos humanos se violan a diario” y evoca “la represión del régimen”[20]. El País alude a “la persecución contra artistas e intelectuales” y al “acoso a las voces disidentes”[21].

Del mismo modo, pero más raramente, algunos trabajos académicos vehiculan una perspectiva similar sobre Cuba. Así un artículo publicado en la revista Nuevo Mundo/Mundos Nuevos subraya “la represión despiadada que golpea a los ‘desviantes’ políticos” y habla incluso de “la sociedad totalitaria cubana”[22]. De modo más inesperado, la recensión de un libro sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos redactada por una académica francesa concluye con estas palabras”: “No se dice nada sobre lo que debería hacer Cuba en términos de derechos humanos, por ejemplo”[23].
Es tiempo ahora de echar una mirada sobre los diferentes informes de Amnistía Internacional y ver si la opinión general se adecúa a la realidad. Conviene precisar que la organización internacional no puede ser acusada de laxismo con las autoridades cubanos. En efecto, éstas, descontentas de los informes de AI, a los que consideran parciales y sesgados hacia la isla, han decidido no aceptar más visitas de la entidad basada en Londres desde 1988.

2. La situación de los derechos humanos en Cuba

El informe de Amnistía Internacional menciona varios atentados contra los derechos humanos en Cuba. Según la organización, la isla emplea “mecanismos de control impuestos desde hace mucho tiempo para reducir al silencio a las voces críticas”. AI los enumera: arrestos arbitrarios, encarcelamiento de periodistas y artistas independientes, así como de miembros de la oposición política. AI habla a “seis presos de opinión” en el país, cifra que pasó a “cinco personas”. Sólo menciona dos nombres: Roberto Quiñones Haces “periodista del diario independiente Cubanet”, condenado a un año de prisión por resistencia y desacato, y José Daniel Ferrer García[24].

Del mismo modo, a nivel jurídico, AI subraya que Cuba “no ha ratificado los principales tratados internacionales relativos a los derechos humanos y se ha negado a reforzar la independencia del poder judicial o adaptar un derecho penal cubano para conformarlo al derecho internacional relativo a los derechos humanos”, sin proporcionar más precisiones[25].

La organización apunta también que, durante la adopción de la nueva constitución, en 2019, un texto inicial que reconocía las uniones entre las personas del mismo sexo “fue retirado […] tras la oposición de representantes religiosos”. Enfatiza por otra parte que la tradicional marcha anual contra la homofobia fue anulada en 2019 y que el Gobierno procedió al arresto de militantes que habían participado en una marcha alternativa “según los medios”. Mediante esta mención, AI toma la precaución de delegar la responsabilidad de la información a la prensa[26].

AI declara que las autoridades cubanas usan “diversos mecanismos de control para reprimir las voces críticas y disidentes” y los detalla. Así, el Gobierno “bloqueó varios sitios de internet de medios independientes” y “empezó a usar técnicas de censura en línea más elaboradas”. AI subraya también que el Gobierno cubano utiliza “cuentas falsas” o “bots” para controlar los debates en línea” en Twitter. AI precisa que “los medios independientes seguían operando” en la isla, pero señala que “el acoso” y la “detención arbitraria” son utilizados contra algunos periodistas y “artistas independientes”[27].
Por otra parte, AI señala que “el contexto del nuevo reforzamiento del embargo económico de Estados Unidos impuesto por la Administración de Trump” agudizó las dificultades en Cuba y ocasionó “una penuria de productos alimentarios, de medicamentos y de petróleo”. Según la organización, “el Gobierno de Estados Unidos ha proseguido su regreso a la retórica de la Guerra Fría y ha reforzado el embargo en vigor desde hace décadas que atenta contra los derechos económicos y sociales en Cuba”[28].

Veamos ahora qué mirada propone AI sobre la situación de los derechos humanos en Estados Unidos.

3. La situación de los derechos humanos en Estados Unidos

Amnistía Internacional hace partícipe de diversas violaciones de los derechos humanos en Estados Unidos en su último informe. Según la organización, “el Gobierno de Estados Unidos se ha desvinculado ampliamente del sistema internacional de protección de derechos humanos” y no ha respondido “a los numerosos mensajes de expertos de la ONU ni ha aceptado sus solicitudes de invitación con vistas a hacer una visita oficial”. En un correo dirigido a AI, Washington precisó que “participaría en adelante en los procedimientos de la ONU relativos a los derechos humanos sólo cuando sirvieran los objetivos de la política exterior de Estados Unidos, descartando así toda cooperación con los mecanismos cuando quieren examinar la situación de los derechos humanos en el país”. AI precisa por otra parte que la Casa Blanca creó una “Comisión con el objetivo declarado de restringir el apoyo de Estados Unidos a los derechos humanos reconocidos internacionalmente”, a saber “garantías que protegen a las mujeres, a las personas LGBTI y a otras personas contra la discriminación”.[29]

La organización señala que Washington canceló la visa de la fiscal de la Corte Penal Internacional “que investigaba los posibles crímenes de guerra que han cometido las fuerzas americanas y sus aliados en Afganistán”. AI subraya que el secretario de Estado y el asesor de la Seguridad Nacional “amenazaron con anular visas, confiscar haberes y perseguir judicialmente a los responsables de la CPI en caso de investigación de los crímenes de guerra que hubiera podido cometer Estados Unidos”[30].

AI señala que Estados Unidos ha adoptado “políticas hostiles hacia las personas originarias de países con población mayoritariamente musulmana y de países de América central”, en alusión al “decreto antiinmigración” de la Administración de Trump. Las autoridades expulsaron “por la fuerza y de modo ilegal a decenas de miles de personas que solicitaban asilo”, causándoles así “un daño irreparable”. La organización señala también que Estados Unidos “separó por la fuerza a miles de familias que solicitaban asilo, infligiéndoles deliberadamente sufrimientos extremos”. Para AI, en algunos casos, los tratos sufridos “constituían actos de tortura”[31].

Así, las autoridades detuvieron arbitrariamente a solicitantes de asilo por una duración indeterminada para disuadirles de presentar una solicitud de protección o para obligarlos a renunciar a su solicitud, lo que constituía una pena o un tratamiento cruel, inhumano o degradante. Los niños, las mujeres, los ancianos, las personas LGBTI y las personas minusválidas o con un problema de salud grave eran particularmente susceptibles de sufrir el calvario que representaban la detención arbitraria y el encierro en locales inadaptados. Los solicitantes de asilo fueron mantenidos en detención a veces varios años sin ninguna posibilidad de liberación condicional –los servicios americanos encargados de la inmigración se oponían sistemáticamente a todas las solicitudes en este sentido[32].

La organización señala que estos tratamientos se aplicaron también a los niños, los cuales “fueron mantenidos en detención durante un periodo prolongado e indeterminado”, mucho más allá de los 10 días autorizados por la legislación de Estados Unidos[33].

20Según AI, en Estados Unidos, el Gobierno federal y los gobiernos de algunos Estados “han multiplicado las iniciativas para restringir los derechos sexuales y reproductivos” buscando “reprimir penalmente el aborto y controlar mediante la ley el comportamiento de las mujeres durante el embarazo y limitando el acceso a los servicios de salud reproductiva”. La organización subraya las consecuencias: un aumento de la tasa de mortalidad materna “ya elevada en el país”[34].

Señala también las violencias contra las mujeres y chicas. AI enfatiza que “las mujeres autóctonas seguían siendo víctimas de modo desproporcionado de violaciones y violencias sexuales”. La organización contabiliza más de 500 casos de mujeres y chicas autóctonas “asesinadas o desaparecidas” en 71 ciudades de Estados Unidos. Apunta que “esta cifra es muy inferior a la realidad pues los datos de las fuerzas del orden y de la prensa sobre este tema están lejos de ser completos”[35].

AI subraya por otra parte que se violan de modo recurrente los derechos de las personas procedentes de la diversidad sexual. “Según las cifras oficiales, el número de crímenes de odio fundado en la orientación sexual o la identidad de género aumentó levemente por cuarto año consecutivo”. La organización precisa que las mujeres transgénero de color son las principales víctimas de los crímenes violentos motivados por el odio. En muchos estados las disposiciones legislativas que prevén sanciones más severas para los crímenes de odio no toman en cuenta la orientación sexual y la identidad de género entre los motivos. Además, mientras que el arsenal legislativo sigue siendo débil para proteger contra la discriminación en el empleo vinculada a la orientación sexual o a la identidad de género, “el Gobierno federal ha buscado, mediante diversas medidas y acciones judiciales, suprimir las protecciones contra la discriminación fundada en la orientación sexual en la educación, el ejército, el empleo y otros sectores de su autoridad”[36].

AI denuncia también la represión llevada a cabo contra las personas por sus ideas políticas:

Con amenazas, actos de acoso e investigaciones penales, el Gobierno de Estados Unidos ha llevado, por razones políticas, una campaña ilegal de intimidación contra decenas de personas que defendían los derechos de las personas migrantes, refugiadas o solicitantes de asilo en la frontera americano-mexicana, violando su derecho a no sufrir discriminación por sus opiniones, políticas u otras. El Departamento de Seguridad Interior y el Ministerio de Justicia han recurrido de modo abusivo al sistema judicial para sancionar a los hombres y las mujeres que reunían informaciones sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de las personas solicitantes de asilo o refugiadas o que protestaban contra estos actos, o para disuadirlos de actuar[37].

AI señala atentados contra la libertad de expresión en Estados Unidos procedentes de las más altas esferas del Estado, particularmente contra los lanzadores de alerta. La organización evoca el caso de Julian Assange, encarcelado en Inglaterra, y cuya extradición exige Washington. Subraya que “las acusaciones contra Julian Assange están vinculadas a actividades totalmente clásicas para los periodistas de investigación e implican el riesgo de tener un efecto paralizante sobre el derecho a la libertad de expresión”[38].

AI denuncia además los encarcelamientos arbitrarios y “por un tiempo indefinido” de 40 personas en el centro de detención de la base naval de Guantánamo, “en violación del derecho internacional”. Precisa que “ninguno de los 40 hombres todavía detenidos ha tenido acceso a la atención médica necesaria; los que han sido torturados por agentes americanos no se benefician con servicios de readaptación apropiados”. Por otra parte, varios detenidos fueron juzgados ante una comisión militar. “Ahora bien, es contrario a las normas internacionales y al derecho internacional juzgar a civiles en tribunales militares”, recuerda AI.[39]

La organización internacional señala también los crímenes cometidos por Estados Unidos en el mundo “en nombre de su doctrina infundada de ‘guerra mundial’”. Washington “recurrió varias veces a la fuerza mortífera en varios países del mundo […] en violación de sus obligaciones impuestas por el derecho internacional relativo a los derechos humanos”. AI evoca “actos constitutivos para algunos de crímenes de guerra” y menciona la comisión de “homicidios ilegales” –expresión inaudita– contra la población civil, subrayando haber expuesto en un informe “pruebas irrefutables de estos homicidios”.[40]

AI evoca “desapariciones forzadas y actos de tortura” cometidos “en el marco de un programa de detención secreta gestionado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que dio lugar a violaciones sistemáticas de los derechos humanos”. La organización lamenta que ninguno de los responsables haya sido presentado a la justicia “para responder de estos crímenes”.[41]

Por otra parte, AI señala la violencia por arma de fuego y subraya que “el Gobierno no protegía todavía a las personas […] privándolas de hecho de sus derechos humanos y particularmente de los derechos a la vida y a la seguridad”. Estados Unidos presenta las cifras de posesión de armas de fuego más altas del mundo, tanto en datos absolutos como en proporción respecto al número de habitantes. Así, en un año cerca de 40.000 personas perdieron la vida por arma de fuego y otras 134.000 sobrevivieron a sus lesiones. La organización subraya que “los homicidios por arma de fuego siguen afectando de modo desproporcionado a las poblaciones de color, particularmente a los jóvenes negros de sexo masculino. Así, los afroamericanos constituyen el 13% de la población total, pero representan el 58,5% del total de víctimas de homicidios por arma de fuero. AI precisa que se trata de “la primera causa de mortalidad entre los hombres negros entre 15 y 34 años”.[42]

Las violencias policiales son responsables de la muerte de cerca de mil personas por año, subraya AI, que agrega que los afroamericanos son los objetivos “de modo desproporcionado del recurso a la fuerza mortífera de la policía”. Representan el 23% de las personas asesinadas mientras sólo constituyen el 13% de la población del país.[43]

Por otra parte, la pena de muerte se aplica todavía en Estados Unidos. AI precisa que “estudios demuestran que el color de la piel, en particular de la víctima de un asesinado, desempeña un papel en las condenas a la pena capital”. Además, en muchos casos, los detenidos fueron ejecutados mientras existían serias dudas sobre el procedimiento que llevó a su condena. AI agrega que la pena de muerte sigue siendo “aplicada a personas con discapacidad mental o intelectual, en violación del derecho internacional”.[44]

Conviene ahora analizar la situación de los derechos humanos en Francia.

4. La situación de los derechos humanos en Francia

Según Amnistía Internacional, hubo numerosos atentados contra la libertad de reunión en Francia, particularmente en el marco de las manifestaciones de los Chalecos Amarillos. AI subraya que “las fuerzas del orden muy a menudo hicieron un uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza, particularmente, pero no únicamente, en el marco de manifestaciones”. La organización menciona el uso de “armas peligrosas e imprecisas”, tales como las balas de goma y las granadas lacrimógenas de tipo GLI-F4. Al menos 25 personas perdieron un ojo y a cinco les arrancaron una mano. AI informa de que dos personas, Steve Maia Caniço, de 24 años, y Zineb Redouane, una mujer de 80 años, “perdieron la vida durante operaciones de mantenimiento del orden”. Lamenta también la impunidad de la cual se benefician los responsables de violencias policiales:

La Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), unidad de la policía encargada de investigar las alegaciones de recurso excesivo a la fuerza por policías, abrió 313 investigaciones judiciales desde el inicio del movimiento social. A finales del año sólo un policía fue declarado culpable de uso ilegal de la fuerza durante esas manifestaciones[45].

Amnistía Internacional subraya que fueron detenidos 11.000 manifestantes y que más de 3.000 fueron condenados, “la mayoría del tiempo después de procedimientos expeditivos”. La organización agrega que “varios centenares de manifestantes fueron arrestados y perseguidos judicialmente por hechos protegidos por el derecho relativo a los derechos humanos”[46].

AI agrega que la represión policial no se limitó a los manifestantes: “Varios centenares de periodistas señalaron haber sido heridos mientras cubrían manifestaciones […]. En la mayoría de los casos las heridas resultaban del uso arbitrario o excesivo de la fuerza por parte de la policía”.[47]

La organización internacional denuncia por otra parte la venta de armas por Francia a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos mientras “existe un riesgo mayor de que puedan usarse para cometer atentados contra el derecho internacional humanitario y relativo a los derechos humanos”, en referencia a la guerra en Yemen. AI señala que Francia no respeta el Tratado Sobre el Comercio de las Armas, que sin embargo ratificó. Francia fue en 2019 el tercer exportador de armas más importante del mundo, y “el Gobierno francés falló en su obligación de proporcionar informaciones detalladas, exhaustivas y actualizadas sobre las transferencias de armas”.[48]

AI señala la represión política contra “militantes ecologistas y defensores de los derechos de personas refugiadas y migrantes”. Fueron el blanco “de medidas de acoso e intimidación o de actuaciones judiciales”. La organización subraya que “estas actuaciones judiciales son sintomáticas de la criminalización de actos de solidaridad constatada a nivel europeo”. Señala también la expulsión de migrantes hacia países donde “corren el riesgo de sufrir atentados contra sus derechos fundamentales”.[49]

AI denuncia finalmente la ley que adoptó el Senado que prohíbe a los padres llevar signos religiosos durante las salidas escolares. Enfatiza que este texto viola “los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de religión y de convicción” e instaura “hacia las personas musulmanas una discriminación fundada sobre la religión y la convicción”[50].

Conviene ahora analizar la mirada de AI sobre la situación de los derechos humanos en España.

5. La situación de los derechos humanos en España

En su informe sobre España, Amnistía Internacional evoca el caso de los 12 dirigentes catalanes juzgados y sentenciados siete de ellos a penas que van de 9 a 13 años de prisión por organizar un referéndum sobre la independencia de Cataluña en 2017. La posición de la organización internacional es poco clara al respecto. Por un lado, AI subraya que “nada indica que el derecho a un juicio justo de estos 12 dirigentes haya sido violado”. Por otra parte, considera que “la ley define en términos vagos el crimen de sedición y que ha sido interpretado por los jueces de modo amplio y de un modo que restringe de manera desproporcionada el ejercicio de los derechos humanos”. AI subraya también que las sentencias por sedición “representan una restricción excesiva y desproporcionada de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica”. Por estos motivos, AI pide “la anulación de la sentencia y su liberación inmediata”. Pero no los califica de presos políticos[51].

AI señala también las violencias policiales cometidas en España, particularmente durante las manifestaciones. Subraya que cuatro personas perdieron un ojo tras recibir balas de goma tiradas por la policía. La organización denuncia la impunidad para los responsables de violencia y enfatiza que “ninguna de las investigaciones abiertas sobre los casos de recurso excesivo a la fuerza por parte de la policía […] ha dado lugar a actuaciones judiciales”.

AI denuncia los atentados a la libertad de expresión y de reunión y subraya que las autoridades han infligido sanciones administrativas y multas severas a personas que han defendido los derechos humanos, incluso “a periodistas, restringiendo ilegalmente, en algunos casos, sus derechos”, así como el acceso a la información”.

La organización evoca por otra parte casos de “tortura y otros malos tratos” en España, particularmente en el País Vasco. AI subraya que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas “ha pedido a España que ponga fin a la práctica de la detención secreta por el motivo que facilita el uso de la tortura y de otras formas de malos tratos”.

El informe de AI menciona también las violencias contra las mujeres y las chicas y subraya que “las víctimas de violencias sexuales hacen frente a obstáculos cuando intentan pedir justicia y se enfrentan a la ausencia de medidas de protección, de ayuda y de apoyo adecuadas”.

AI precisa finalmente que se violan los derechos en materia de vivienda en España y enfatiza que más de 40.000 personas con bajos recursos, que no podían rembolsar el préstamo o pagar el alquiler, fueron expulsadas de su lugar de residencia.

La organización agrega también que las medidas de austeridad tomadas por el Gobierno afectan el derecho a la salud de los españoles más vulnerables: “Un gran número de estas reformas siguen teniendo efectos desproporcionados sobre las personas con bajos ingresos, particularmente las que sufren de una discapacidad o de una enfermedad crónica, sobre los ancianos y las que necesitan atención médica mental”. AI subraya que el Comité de Derechos de las Personas Discapacitadas de las Naciones Unidas ha pedido a España que “garantice la accesibilidad y la disponibilidad de los servicios a todas las personas discapacitadas”. Por otra parte, la organización menciona un caso particular:

La Corte Suprema dictó una sentencia que impedía a una mujer cubana que se había reunido con toda legalidad con su hija en España que recibiera una atención médica, por el motivo de que el permiso de estancia temporal entregado a un miembro de la familia de una persona procedente de la Unión Europea no generaba automáticamente la existencia de semejante derecho. Esta decisión es contraria a las recomendaciones que las Naciones Unidas y el Consejo de Europa han dado a España, los cuales le habían pedido que garantizara un acceso igual y sin discriminación a la salud.

Amnistía Internacional termina su informe mencionando la persistencia de la impunidad por los crímenes cometidos durante la época franquista: “No se ha abierto ninguna investigación sobre los crímenes de derecho internacional, tales como las desapariciones forzadas y los actos de tortura, cometidos durante la guerra de España (1936-1939) y bajo el régimen de Franco”. La organización lamenta que las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas bajo la dictadura resulten “privadas de su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación”.
Conclusión

El análisis comparativo de los informes de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, Estados Unidos, Francia y España, permite sacar varias lecciones. Primero, la organización hace partícipe de serias violaciones de los derechos humanos en los cuatro países estudiados. Así, para Cuba, AI menciona arrestos arbitrarios, encarcelamiento de periodistas y artistas independientes, a seis presos de opinión, censura en línea y una independencia del poder judicial no reforzada de modo suficiente.

Para los Estados Unidos, AI evoca crímenes de guerra, actos de tortura, arrestos arbitrarios de mujeres, niños, ancianos y personas discapacitadas solicitantes de asilo, lo que constituye un tratamiento cruel, inhumano y degradante, atentados contra los derechos sexuales y reproductivos, violencias contra las mujeres y chicas procedentes de las poblaciones autóctonas, violaciones de los derechos de las personas procedentes de la diversidad sexual, una represión contra personas por sus ideas políticas, atentados contra el derecho a la libertad de expresión, encarcelamientos arbitrarios y por un tiempo indefinido de sospechosos, homicidios ilegales, desapariciones forzadas y una impunidad para los responsables de crímenes, recursos a la fuerza mortífera por policías que se enfocan de modo desproporcionado en jóvenes hombres negros y una aplicación de la pena de muerte, incluso contra personas discapacitadas a nivel mental o intelectual.

Para Francia, AI evoca atentados contra la libertad de reunión, un uso desproporcionado o arbitrario de la fuerza por la policía, un uso de armas peligrosas por la policía que ocasionó la muerte de dos personas y una mutilación permanente (ojo o mano) de al menos 30 personas, una impunidad para los responsables de violencias policiales, sentencias dictadas después de juicios expeditivos, arrestos y actuaciones judiciales contra manifestantes por hechos protegidos por los derechos humanos, cientos de periodistas heridos por el uso arbitrario o excesivo de la fuerza por la policía, la venta de armas a países implicados en violaciones del derecho internacional humanitario, represión política contra militantes ecologistas y defensores de los derechos de los migrantes, violaciones de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de religión y de convicción.

En cuanto a España, AI exige la liberación inmediata de siete dirigentes catalanes condenados a penas que van de 9 a 12 años de prisión, denuncia violencias policiales que han ocasionado, entre otros, discapacidades permanentes, los atentados a la libertad de expresión y de reunión, violaciones de los derechos de los periodistas, casos de tortura y otros tratamientos degradantes, casos de detenciones secretas, violencias contra las mujeres y las chicas y una protección insuficiente de las víctimas, casos de violaciones del derecho a la vivienda y del derecho a la salud, y una impunidad persistente sobre los crímenes cometidos durante el periodo franquista.

Según estos informes de Amnistía Internacional, Cuba no presenta la situación más grave sobre los derechos humanos. ¿Cuáles son entonces las razones de esta corriente de opinión mayoritaria sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, mientras que no resulta corroborada por la realidad factual? Parecería que en realidad sea más el rechazo que suscita para Estados Unidos y la prensa occidental el sistema político con partido único y el modelo socioeconómico estadista presente en Cuba, lo que explica esta matriz de opinión dominante.

En 1960, en plena guerra no declarada contra la Revolución Cubana, frente a la popularidad de Fidel Castro en el mundo y frente a la ineficacia de las acusaciones contra La Habana sobre sus lazos con Moscú y el comunismo internacional, la Administración de Eisenhower decidió optar por un nuevo enfoque. Éste fue elaborado por Roy R. Rubottom Jr., entonces subsecretario de Estado para los Asuntos Interamericanos, quien aconsejó usar algunos elementos del lenguaje para explicar el diferendo con Cuba. Los argumentos esgrimidos hasta entonces debían ser sustituidos por otros a saber: “1. La eliminación de la libertad de prensa en Cuba, 2. El no respeto de los procedimientos judiciales, 3. La violación de los derechos humanos”. Theodore C. Achilles, antiguo embajador de Estados Unidos en Perú de 1956 y 1960 y entonces asesor en el Departamento de Estados, elaboró un enfoque similar: “Sería más eficiente para nosotros concentrarnos en los pueblos de América del Sur insistiendo en el concepto de Castro como dictador más bien que Castro como comunista”. Quizás en eso se encuentre una parte de la respuesta.