El agua en Murcia: negocio, política y corrupción

Parafraseando a Clausewitz(‘la guerra es la continuación de la política por otros medios’)de una manera un tanto particular, a la murciana, podríamos decir que la guerra del agua en esta tierra es la expresión más elevada de la política regional; de hecho, constituye su esencia misma, pues en torno al líquido elemento se ha configurado el discurso político desde hace décadas, definiendo nuestro marco sociopolítico e institucional. Asímismo, se han conformado hegemonías y alianzas y se han fijado las relaciones de la Región de Murcia con el resto del Estado Español.

Todo comenzó cuando las élites financieras del área levantina(Murcia, Almería y Alicante), disponen que el modelo económico de esta franja territorial de la península ibérica tiene que fundamentarse sobre dos ejes: la agricultura y ganadería (macrogranjas) intensivas y la masiva urbanización turística del litoral. Sectores ambos que reclaman mucha agua, la cual proviene, en lo fundamental, del trasvase Tajo-Segura y, más recientemente, de la desalación. Las consecuencias de su implementación están a la vista: degradación medioambiental, con el panorama del Mar Menor como paradigma; precarización laboral, con la situación de los y las inmigrantes del campo como referencia; y saturación urbanística de la costa, con la devaluación irreversible de sus valores naturales, constituyendo el litoral alicantino y La Manga del Menor los ejemplos más estridentes de ello.

Al más que previsible agotamiento de este experimento, sus promotores han respondido fugándose hacia adelante, de suerte que en vez de redimensionar esos dos pilares sobre los que aquél se ha soportado durante demasiado tiempo(no se puede cultivar ni construir tanto), han clamado por el agua, una y otra vez, como si no hubiera un mañana. Así, reivindicaron durante un tiempo que no sólo se mantuviera el trasvase Tajo-Segura en sus máximas aportaciones, sino que se construyera otro desde el Ebro. Y todo ello en un contexto de cambio climático que ha ido reduciendo progresivamente las posibilidades de transferencia hídrica desde la cuenca cedente. Hasta el punto de que el gobierno de López Miras no tiene inconveniente alguno en perder batallas judiciales exigiendo más y más trasvases, a pesar de haberse pronunciado nuestros más altos tribunales reiteradamente en favor del mantenimiento de un mínimo caudal ecológico del Tajo. Lo cual no obsta para que desde aquí se insista, demandando a unos territorios algo que ya no pueden dar porque, sencillamente, no lo tienen.

En el plano político, se ha intentado(y conseguido) otorgar legitimidad a este estado de cosas levantando una suerte de nacionalismo hídrico que ha permitido consolidar la hegemonía de la derecha a partir del mito(todos los nacionalismos se erigen sobre alguno)del agua como elemento de redención para una sociedad secularmente sedienta, a la que siempre se habría privado de ese talismán mágico(en otros lares puede ser la independencia)que haría posible la eclosión de sus potencialidades y la consecución de un futuro luminoso. Quien no esté por el ‘agua para todos’ es un traidor, por cuanto se estaría oponiendo al progreso de la tierra que le vio nacer. 

Y es verdad que este discurso ha funcionado hasta ahora, de suerte que la derecha y la extrema derecha murcianas poseen, conjuntamente, unos niveles de apoyo electoral sin parangón en el conjunto del país, a pesar de que la estructura social de esta región, donde hay un predominio claro de las rentas bajas(a diferencia de Madrid, por ejemplo), invitaría a pensar en otra correlación de fuerzas a nivel político. Pero lo cierto es que la izquierda no ha sabido contrarrestar ese vendaval nacionalista, hasta el punto de que en amplias zonas de la región la ultraderecha fue la fuerza más votada en las últimas elecciones generales de hace 3 años y medio.

Un sistema productivo como el descrito(con grandes masas de capitales, muchos de ellos fondos buitre, especulando con una materia prima vital), junto a una clase política particularmente vulnerable a los cantos de sirena del enriquecimiento rápido, como hemos visto en los múltiples escándalos urbanísticos a nivel municipal y en el procesamiento de dos presidentes autonómicos del PP(uno de ellos ya condenado), constituyen el abono ideal para que proliferen todo tipo de corruptelas. Empezando por la existencia de una cantidad tan desmesurada como escandalosa de regadíos ilegales(hasta hace poco unas 8500 hectáreas sólo en el Campo de Cartagena), que evidencian el uso delictivo de un bien cada vez más escaso.

 El paradigma de la corrupción vinculada al agua, por los elementos que confluyen en el caso, es el procesamiento de Valcárcel a cuenta de la desaladora de Escombreras. Tenemos aquí a un presunto delincuente, con una petición fiscal de 11 años de cárcel, que se salta la ley para abastecer de agua a urbanizaciones irregulares a través de la construcción de una desaladora que ha supuesto un perjuicio para las arcas autonómicas, cifrado por la Fiscalía en más de 70 millones sólo en el contrato de arrendamiento de la infraestructura. Un proyecto ilegal e insostenible que ha beneficiado a Florentino Pérez y dañado al conjunto de la ciudadanía murciana, reuniendo todos los ingredientes de un mecanismo depredador del medio que, a la par, esquilma los recursos públicos.

A estas alturas, resulta evidente la vinculación de la demanda compulsiva de trasvases con un modelo tan irracional como corrupto. El mero instinto de supervivencia nos empuja a buscar una estructura socioeconómica más justa basada en el ahorro de agua y la preservación del medio natural. De ahí vendrán los futuros rendimientos, aunque no para los especuladores, claro.
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