Dirigente indígena de Ecuador denuncia crisis humanitaria y represión
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció hoy ante la Asamblea Nacional (Parlamento) una grave crisis humanitaria y de derechos humanos derivada de la represión estatal durante las protestas antigubernamentales que cumplen ya 30 días.

La vicepresidenta de la organización, Ercilia Castañeda, intervino este martes ante la Comisión de la Niñez y la Adolescencia del Legislativo para exigir justicia y reparación integral a las víctimas de la violencia, así como responsabilidad del Estado frente a los menores de comunidades afectadas.
“La violencia no puede quedar en la impunidad: el Estado debe responder por los daños causados y garantizar verdad, justicia y reparación”, señaló Castañeda.
Además, denunció que seis niños quedaron en la orfandad tras la muerte de Efraín Fuerez y José Guamán, dos manifestantes que perdieron la vida por el impacto de proyectiles durante protestas en la provincia de Imbabura, en la sierra norte ecuatoriana.
Según la dirigente, otros tres menores lograron sobrevivir a los efectos de la asfixia por el uso de gases lacrimógenos durante los operativos de las fuerzas del orden.
La vicepresidenta de la Conaie solicitó formalmente que el Gobierno transparente la información sobre los decesos y que se identifique la línea de mando responsable de los operativos.
“Las nacionalidades y pueblos somos gente pacífica, pero con mucha dignidad. Cuando existe voluntad, siempre hay caminos para salir adelante; sin embargo, este gobierno no ha mostrado disposición para el diálogo”, agregó.
Por otro lado, a esta hora tiene lugar en el Complejo Judicial Norte de Quito la audiencia de apelación a la prisión preventiva de 12 indígenas que fueron detenidos en Otavalo durante las protestas y acusados de terrorismo.
En un comunicado emitido la víspera, la Conaie reiteró su voluntad política de diálogo “verdadero” y pidió el fin de la represión estatal, aunque advirtió que no aceptará conversaciones “vacías ni condicionadas por la violencia”.
El pronunciamiento llegó después de que el Ejecutivo cancelara las mesas de diálogo con las comunidades de Imbabura porque “no existen condiciones para continuar”.
Este martes, en entrevista con el medio local Teleamazonas, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, acusó al presidente de la Conaie, Marlon Vargas, de “utilizar el paro como plataforma política” y ratificó que el diálogo no se reabrirá mientras persistan las movilizaciones y cierres de vías.
Mientras tanto, los llamados a la mediación se multiplican ante las pérdidas económicas, fundamentalmente en Imbabura, provincia convertida en epicentro del levantamiento que comenzó el pasado 22 de septiembre tras la decisión del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel.
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