En relación a las infracciones de Valdellós II organizaciones ecologistas exigen finalizar la actividad nuclear e iniciar desmantelamientos
- Hoy declarará como investigado el director general de Vandellós II.
- La renta familiar de las zonas nucleares es un 15 % más baja que la media de Catalunya.
- El pasado 6 de noviembre el CSN aprobó dos nuevos apercibimientos para la Asociación Nuclear Ascó – Vandellós II.
16 de noviembre de 2020.- Esta mañana declarará como investigado el director general de la central nuclear Vandellós II (Tarragona), en relación al funcionamiento de la central durante 17 días en 2018 con, al menos, dos fugas en la barrera de presión según es conocido y se ha confirmado en los tribunales españoles. En relación a estos episodios de peligro la Asociación Sociedad Humana, GETE – Ecologistes en Acció y Greenpeace exigen finalizar la actividad nuclear e iniciar los desmantelamientos.
“La energía nuclear no es necesaria ni segura, la Administración pública debe replantearse seriamente el cierre inmediato de las centrales nucleares antes de la fecha marcada en Ascó I (2030), Ascó II (2032) y Vandellòs 2 (2035), tras su prolongación acordada según el protocolo de intenciones firmado por el Ministerio y los propietarios”, ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace.
Asimismo, en el pasado pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) del 6 de noviembre, se aprobó remitir al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) dos apercibimientos a la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II, A.I.E. (ANAV). Ambos apercibimientos son calificados como infracción leve, por incumplimiento del art. 86 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear.
El primer apercibimiento corresponde a la central nuclear Vandellós II “por incumplimiento del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos y del combustible gastado y de la Instrucción Técnica Complementaria nº4 asociada a la autorización de explotación, tras detectarse la reclasificación radiológica de una zona de almacenamiento de residuos de manera inadecuada”.
El segundo apercibimiento corresponde a la central nuclear de Ascó, también “por incumplimiento del Plan de gestión de residuos radiactivos y del combustible gastado tras detectar, en una inspección, incumplimientos en procesos de gestión de residuos radiactivos de baja y media actividad y del material contaminado potencialmente desclasificable.”
En 2008 los tribunales multaron a ANAV con 15 millones de euros por la liberación de partículas radioactivas en Ascó I, donde cientos de personas tuvieron que realizarse pruebas para descartar haberse contaminado radiactivamente. Asimismo en 2004 Vandellòs II ocultó información sobre un grave problema de corrosión en los sistemas de refrigeración y que estuvo durante 161 días funcionando con los márgenes de seguridad reducidos motivo por el cual pagó una multa de 1’6 millones de euros.
Respecto a los beneficios económicos del mantenimiento de las nucleares, estos desde luego no revierten en la población. El PIB por habitante de la Ribera d’Ebre (que acoge la industria nuclear) es de 51.100€, mientras que la media en Catalunya es de 31.200 €, aportando un PIB alto al territorio, muy por encima de la media catalana, pero a pesar de ello estos datos económicos no tienen afectación local, solo estatal.
La Renta Familiar Bruta de la Ribera d’Ebre que soporta de cerca los riesgos para la salud y el medioambiente, es un 15 % inferior a la de la media catalana. La Renta Familiar Bruta de la Ribera d’Ebre es de 14.600€ al año, mientras que la media catalana se encuentra en los 17.200€.
“Mientras el territorio produce mucha más riqueza que otras zonas en términos de PIB, la población de los alrededores es de las más pobres de Catalunya, pues la riqueza económica no sale fuera de la estructura empresarial”, ha declarado Víctor Álvarez López, coordinador de GETE – Ecologistes en Acció. “Hasta el impuesto nuclear, que grava dicha actividad, apenas tiene una repercusión en el territorio, pues se reinvierte una muy mínima parte”, ha concluído Álvarez López.