La licencia de explotación de Cofrentes se encuentra a solo tres meses de su caducidad

La central Nuclear de Cofrentes se encuentra tan solo a tres meses de que venza su licencia de explotación. Propiedad de Iberdrola e inaugurada en 1984, esta central nuclear con un generador de 1092 MWe, se ha encontrado durante décadas en el centro de la polémica, entre quienes rechazan las centrales nucleares y las necesidades energéticas del País Valenciano que cubre la central, proporcionando hasta un 30% de la demanda de la región.

Grupos ecologistas demandan que tras la conclusión de su licencia, la central debe cesar su actividad y ser desmantelada. La organización  Ecologistes en Acció señala que las Cortes Valencianas  acordaron a través de una Proposición No de Ley en 2017 solicitar el cierre de la central al final de la vigencia de su licencia, prevista para el 20 de marzo. Los grupos parlamentarios Socialista, Compromís y Unides-Podem en las Cortes, pidieron también la no autorización de la construcción del almacén temporal individualizado de residuos radiactivos dentro los terrenos de la central nuclear de Cofrentes, valorándolo como innecesario, ya que la central aun dispone de capacidad de almacenamiento suficiente hasta su fecha de cierre en 2021.

Desde Ecologistes adviertes que se trata de «una central a la que ninguna compañía de seguros cubre por los daños derivados de una catástrofe nuclear (las aseguradoras tienen un límite de 1.200 millones de euros; el resto, que puede suponer cientos de miles de millones de euros, lo pagaría el estado)».

«Una central que mientras funcione seguirá produciendo más y más residuos radiactivos que se tendrán que vigilar durante 200.000 años, aunque, de momento, la única «solución» que se les ofrece pasa por ventilarlos en el proceso de desintegración radiactiva en el exterior de sus instalaciones, en depósitos expuestos al aire libre, mediante un proyecto experimental de Almacenamiento Temporal Individualizado», señalan desde Ecologistes.

Ecologistes en Acció del País Valencià ha exigido expresamente al Gobierno de España que rechaze la prórroga de 10 años más de actividad para la central. «Es una auténtica insensatez mantener aún tanto tiempo en funcionamiento una central amortizada, vieja y sin garantías, que compromete además en caso de accidente grave, siempre probable, la salubridad de la aguas que suministra la misma ciudad de València y su entorno metropolitano», apuntan.