Redacción •  Actualidad •  16/02/2021

Más País pide que la Consejería de Salud aclare si el gerente del 061 y otros puestos no asistenciales se han vacunado saltándose el protocolo oficial

La coordinadora general de ‘Más País Andalucía’, Esperanza Gómez, ha pedido explicaciones acerca de la denuncia del Comité Intercentros de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) sobre la vacunación indebida, adelantada a su fase y fuera del protocolo del gerente de esa entidad, José Luis Pastrana.

Más País pide que la Consejería de Salud aclare si el gerente del 061 y otros puestos no asistenciales se han vacunado saltándose el protocolo oficial

La responsable andaluza de la formación progresista se ha hecho eco de la denuncia del Comité Intercentros de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) de la Consejería de Salud, que también ha trascendido en algún medio de comunicación, exigiendo “se aclare de inmediato si personal no asistencial y cuya vacunación estaba prevista para otra fase se ha efectuado antes de lo previsto y saltándose el protocolo oficial de vacunación”.

Según Gómez es “una falta absoluta de decencia política y descaro con respecto a las administraciones públicas no dar ejemplo en esos puestos de responsabilidad, no cumplir estrictamente las normas y aprovecharse personalmente de una posición de poder para dejar sin sus dosis a profesionales que sí merecían esa vacuna mucho antes que el personal administrativo o gerencial”.

Si las explicaciones pertinentes no llegan, abunda la coordinadora andaluza de Más País, “la dimisión o el cese de aquellos cuadros que hayan incurrido en tremenda falta de profesionalidad y servicio público debe darse de forma fulminante”.

Según el Comité Intercentros el gerente de la EPES se vacunó en la Etapa 1 del Programa de Vacunación COVID 19, según la Instrucción DGSPyOF-8/2000, pero su clasificación según el mismo programa prevé su vacunación en Etapa 3, existiendo parte de los profesionales de la EPES que atendían y tenían que desarrollar tareas asistenciales y cara al público, sin haberse vacunado aún.

En definitiva, concluye Gómez, “se puede haber realizado un uso privativo de un derecho y servicio público en beneficio particular y en unas circunstancias en las que se desconoce el propio estocaje de las vacunas disponibles, cómo va el proceso de vacunación de sectores prioritarios y la incidencia de dicha vacunación sobre el personal del sector médico y sus empresas y servicios auxiliares”.


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