Informe alternativo al de la Comisión Permanente sobre el anteproyecto de Ley de FP

El anteproyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, propuesto por la ministra Isabel Celáa ha sido presentada por el Gobierno de coalición como “una de las leyes más importantes” de esta legislatura y como una normativa que «modernizará por completo» la FP y nos permitirá alcanzar los estándares europeos en esta rama educativa.

Sin embargo, la futura Ley de FP supone un paso más en la privatización de la educación pública y es una concesión directa a los empresarios de la CEOE.

Esta reforma sucede, además, en un momento en el que las matriculaciones en la FP no dejan de crecer -han aumentado un 77% en la última década-. Primero expulsan a los hijos de las familias obreras de la Universidad Pública con tasas imposibles de pagar y ahora quieren convertir la FP en un mercado de mano de obra barata controlado directamente por la patronal

En esta nueva ley se introducen distintos cambios en la duración y el volumen de aprendizajes dentro de la Formación Profesional. A través de distintos “itinerarios formativos” se incorporan cinco tipos de estudios ascendentes: desde el grado A (formaciones breves, ahora denominadas “microformaciones”) hasta el grado D (ciclos formativos) y el E (títulos y cursos de especialización).

Tras esta forma, vendida como una “oportunidad” para que cada estudiante configure su propia formación adaptada a sus expectativas profesionales, se esconde la ampliación de la FP Dual, ya que toda la oferta en los ciclos de grado C, D y E tendrán un carácter exclusivamente dual.

¿Qué supone esto en concreto? Fundamentalmente que una parte mayoritaria de nuestra formación (desde un 20% hasta un 50%) se desarrollará directamente en el ámbito de las empresas.

Por supuesto, para todos y todas las estudiantes de FP las prácticas tienen una gran importancia. De hecho, son uno de los principales motivos por el que decidimos cursar estos estudios ya que se convierten en nuestro primer contacto con el mundo laboral. El problema no es hacer más prácticas, sino qué tipo de formación recibiremos en las empresas.

La nueva normativa recoge que todos los estudiantes tendremos un contrato de trabajo, pero no establece que las prácticas sean realmente formativas ni obligatoriamente remuneradas, ni garantiza que estos “contratos” no vulneren nuestros derechos constantemente. De hecho, de cara a la FP de régimen dual general (duración de las prácticas en empresas entre el 25% y el 35% del total) queda especificado en la propia ley que no se recibirá remuneración alguna. Es decir, seguirá siendo legal trabajar gratis. Un regalazo a la CEOE que se frota las manos con este negocio redondo.

Pero incluso en la FP de régimen dual avanzado (cuando la duración de la formación en la empresa es de entre el 35% y el 50%), en el que sí se especifica que habrá una “relación contractual retribuida”, no se garantiza ningún tipo de derecho laboral y ni mucho menos un sueldo digno.

Sin control por parte de la comunidad educativa, de los sindicatos de trabajadores y las organizaciones estudiantiles, nuestras prácticas, sea en la modalidad que sea, se convertirán en otro fabuloso negocio para los empresarios, que tienen trabajadores cualificados gratis -o cobrando una miseria- y sin derechos, con los que poder chantajear y precarizar aún más las condiciones laborales de las y los trabajadores. De hecho para garantizar este control de las empresas, habrá dos figuras que serán clave: el tutor del centro y el tutor empresarial, que evaluará una gran parte de la adquisición de los conocimientos y será el encargado de ponernos nota.

Por si todo esto no fuera poco, por el hecho de “formar a los estudiantes” las empresas reciben grandes subvenciones por parte del Estado. No tenemos ninguna duda que la gran mayoría de los 5.000 millones presupuestados para la nueva ley irán a los bolsillos de los patronos en forma de incentivos.

No es ninguna casualidad que en el anteproyecto de Isabel Celáa la palabra “empresa” aparezca 185 veces, y tampoco que por primera vez se hable de los derechos de la patronal en la FP.

Que la CEOE considere un “buen punto de partida” la ley y que el texto recoja varias de las propuestas históricas del ámbito empresarial -la FP dual, la vinculación de los centros de formación con las empresas….- lo dice todo.

Pero, ¿cómo no van a estar contentos los empresarios si el Ministerio de Educación les está ofreciendo ajustar la Formación Profesional a sus necesidades privadas?

A partir de ahora, las empresas podrán decidir hasta el 40% de nuestro currículo: determinarán los contenidos, el diseño y la duración de los cursos, transformarán y acortarán ciclos enteros para hacerlos a su medida y crearán perfiles que se ajusten, no al mercado laboral en general como tratan de vender, sino a las necesidades de mano de obra barata de la empresa que imparta la formación.

De esta manera, la Formación Profesional sufrirá una reducción salvaje de contenidos que conllevará una caída drástica de la calidad educativa. Se diseñarán los currículos en base a las necesidades inmediatas de los empresarios de turno aunque eso vaya en detrimento de nuestro aprendizaje, formación y futuro laboral.

La nueva normativa para la Formación Profesional no conseguirá poner fin a este problema sistémico. Al contrario, sufriremos más precariedad en nuestras prácticas, se devaluarán nuestros títulos y nuestros centros continuarán sin recursos mientras las empresas se llevan todo el dinero público que debería ir destinado a garantizar una enseñanza pública y de calidad.

La única manera de acabar con esta pauperización de la juventud es dejar de beneficiar a los grandes empresarios, que se llenan los bolsillos con dinero público haciendo negocio de nuestro derecho a la enseñanza, que es la causa de la desigualdad que margina a los jóvenes de los barrios obreros.

Es acabar con unas prácticas abusivas que buscan reducir los costes laborales manteniendo la formación académica superior como un coto privado de las élites y de las capas más favorecidas económicamente. Es acabar con la tasa de abandono escolar –la más alta de Europa–, que perpetran esta situación, porque privarnos de nuestro derecho a una educación de calidad es privarnos también de un futuro digno.

La destrucción de la escuela pública ha llegado a límites insoportables. La nueva ley de FP debe establecer que sea 100% pública e incorporar a la red pública todos los centros de FP privada y concertada, garantizando la gratuidad y todas las plazas necesarias. Incluir un plan de rescate con una inversión económica urgente para garantizar todos los recursos humanos y materiales en nuestros centros y la puesta en marcha de un plan de modernización tecnológico. Prácticas remuneradas dignamente y con derechos laborales por ley, bajo control de los estudiantes, profesores y trabajadores.