El Estado español continúa negándose a investigar judicialmente los crímenes del franquismo: El Senado rechaza introducir el Principio de Legalidad

Comunicado conjunto de Ceaqua, Amnistía Internacional e Iridia

El pasado 10 de mayo, se rechazó en el Pleno del Senado la consideración de una iniciativa legislativa que pretendía modificar el Código Penal para introducir el principio de legalidad desde una perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Dicha iniciativa pretendía remover uno de los obstáculos principales que invocan reiteradamente los Juzgados y Tribunales españoles para investigar y enjuiciar los crímenes franquistas, el principio de legalidad. Este principio está recogido en diferentes Tratados y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por el Estado español, entre otros en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

Para CEAQUA, Amnistía Internacional y el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos – Iridia, se trata de un paso más para bloquear la investigación y enjuiciamiento de los crímenes franquistas. 

Este rechazo a facilitar la investigación judicial en el Senado coincide con la notificación el 9 de mayo, de la inadmisión, y consecuentemente archivo, de la segunda querella presentada desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Memoria Democrática (en octubre de 2022). La querella, presentada en los juzgados de Pamplona, por las torturas que María Concepción Edo Gil recibió tras su detención en 1973 por repartir octavillas de un sindicato.

La inadmisión de la querella de María Concepción Edo Gil resaltaba la importancia de la iniciativa legislativa llevada al Senado como una herramienta efectiva para luchar contra la impunidad de los crímenes del franquismo, aún vigente en el Estado español, garantizando la investigación de los hechos. 

La toma en consideración fue rechazada como consecuencia del voto en contra del grupo del Partido Socialista Obrero Español que, en esta materia, se alineó con la posición mantenida, entre otros, por los Grupos del Partido Popular, Vox y Ciudadanos, lo que impide que continúe su tramitación parlamentaria. Ya en el mes de marzo de 2022, esta iniciativa fue rechazada en el Congreso de los Diputados, también con el voto en contra del PSOE.

La iniciativa ha sido apoyada en el Senado por un amplio y diverso conjunto de fuerzas parlamentarias territoriales que votaron a favor: Esquerra Republicana de Catalunya, Partido Nacionalista Vasco, Junts per Catalunya, Agrupación de Electores Teruel Existe, Euskal Herria Bildu, Más Madrid, Més per Mallorca y Compromís. Esta misma iniciativa también fue apoyada en el Congreso de los Diputados en marzo de 2022, por fuerzas parlamentarias que actualmente no tienen representación en el Senado: Candidatura d´Unitat Popular, Unidas Podemos y Bloque Nacionalista Galego.

El PSOE considera que, con la actual Ley de Memoria Democrática, los derechos de las víctimas que sufrieron graves violaciones de Derechos Humanos durante la dictadura franquista y la Transición, y de sus familiares, están reconocidos y materializados.

Desde CEAQUA, Amnistía Internacional y el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos – Iridia se valora que esto no es así. El derecho a la justicia continúa siendo negado por los Juzgados y Tribunales del Estado español. Las organizaciones manifiestan que tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática siguen existiendo los mismos obstáculos legislativos que demuestran la poca voluntad y compromiso político para asegurar y proteger el derecho a la verdad, justicia, la reparación y las garantías de no repetición en el Estado español. Prueba de ello son las dos últimas resoluciones de archivo dictadas por diferentes Juzgados españoles en relación con la interposición de querellas criminales en las que se denunciaban crímenes franquistas constitutivos de crímenes contra la humanidad, querellas interpuestas una vez que entró en vigor la actual Ley de Memoria Democrática:

        1. Auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Ferrol, a cargo de la Magistrada Dña. Ana González Lorenzo, Jueza Decana de dichos Juzgados, de fecha 3 de abril de 2023 en el que se acordó el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones por prescripción de los delitos objeto de denuncia -asesinato en 1975 de Xose Ramón (Moncho) Reboiras, en un contexto de crímenes contra la humanidad.

En dicho Auto, después de citar diferentes resoluciones judiciales previamente dictadas por otros Juzgados y Tribunales españoles, la Jueza considera que los razonamientos contenidos en las mismas continúan siendo aplicables a día de hoy y que no se ven alterados por lo dispuesto en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática.

       2. Auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona, a cargo de la Magistrada Dña. María Teresa Reta Cárcamo, de fecha 27 de abril de 2023, en el que se acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la querella interpuesta por Concepción Edo Gil en la que denunciaba las torturas sufridas durante el franquismo igualmente en un contexto de crímenes contra la humanidad, mencionado con antelación.

Dicho Auto, despreciando a la querellante y al resto de personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante el franquismo, así como a las disposiciones más básicas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos considera, en dos líneas de argumentación, que los hechos se encuentran prescritos. 

En definitiva, esta semana en el Senado, el PSOE con su voto en contra refuerza este tipo de resoluciones judiciales que tan severamente han sido censuradas desde el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, manteniendo y sosteniendo políticas de impunidad que dejan en el más absoluto desamparo y olvido, una vez más, a las víctimas de la dictadura franquista y la Transición.

A pesar del tiempo transcurrido desde que fueron cometidos dichos crímenes, y de ser conscientes de las dificultades que conlleva revertir una política de impunidad y olvido mantenida por el Estado español en su conjunto, CEAQUA afirma que no dejará de demandar y exigir el reconocimiento del derecho efectivo a la Justicia de las víctimas de la dictadura y la Transición.