Vecinas organizadas en Occident 14 contra la expulsión para hacer colivings
Una veintena de familias inquilinas en la calle Occident 14 de Collblanc, en l’Hospitalet de Llobregat, se han organizado contra la amenaza de ser expulsadas por la propiedad del edificio, una comunidad de bienes que cuenta con decenas de inmuebles, y que está convirtiendo los pisos en colivings, es decir, alquiler de habitaciones a precios escandalosos.
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Desde hace tiempo, estas familias han hecho de este barrio su hogar, contribuyendo al tejido social y cultural de la zona. Sin embargo, ahora se encuentran en una situación de incertidumbre y desamparo, ya que la propiedad del inmueble, que cuenta con 24 viviendas, ha optado por no renovar los contratos de arrendamiento a medida que estos vencen, y está reformando las viviendas para ampliar el número de habitaciones de cada piso y alquilarlas de forma individual a precios escandalosos.
Las inquilinas de Occident 14 se han organizado con el Sindicat de Llogateres de l’Hospitalet para plantar cara a la voracidad especulativa y exigir la renovación de todos los contratos de arrendamiento para mantener sus hogares. Decididas a no ver cómo sus viviendas se convierten en colivings, estas vecinas se han organizado con el Sindicat de Llogateres de l’Hospitalet y, ahora que ya están organizadas, no piensan marcharse a pesar de la presión de estar recibiendo burofaxes para que abandonen sus hogares. En el edificio, cuatro de los veinticuatro pisos ya han sido transformados en colivings, frecuentemente utilizados como alquileres turísticos camuflados.
A un precio promedio de 600€ por habitación, los propietarios están multiplicando por cuatro las ganancias que obtienen por un alquiler habitual. Esta situación no es excepcional. Los propietarios y la patronal inmobiliaria están dispuestos a desplazar a las inquilinas de toda la vida por su propio beneficio, eludiendo la regulación de precios y convirtiendo las viviendas en negocios lucrativos de alquiler temporal o de habitaciones.
Es hora de que la Conselleria d’Habitatge y el Gobierno de Sánchez pongan fin a los resquicios legislativos que permiten estas prácticas abusivas, y que los sindicatos sigan organizando comunidades de vecinas contra la especulación inmobiliaria y por ejercer el derecho a la vivienda y la defensa de los barrios y ciudades