Nueva Ley de Fomento al Turismo en Honduras, ¿a quién beneficia?

Turismo en ascenso en Centroamérica

La región centroamericana está apostando, cada vez más, al turismo. En 2015 la región recibió 10,3 millones de visitantes, con un crecimiento del 8% (761.000 llegadas más) respecto al año anterior. Todos los países reportaron un aumento en la llegada de turistas. El país que tuvo el mayor crecimiento fue Panamá (+21,7%), seguido por Guatemala (+7,6%), Belice (+6,2%) y Costa Rica (+5,3%). Costa Rica continúa captando la mayor cantidad de turistas que ingresan a la región con el 25,9% del mercado, seguido por Panamá con el 20,7% y Guatemala con el 14,3%.

La región centroamericana captó unos 10.900 millones de dólares en divisas por turismo, con un crecimiento del 6% respecto al 2014. Panamá, Costa Rica y El Salvador lideran la lista de países con mayor captación de divisa y cuota de mercado. Panamá (+23%) y Nicaragua (+18,7%) destacan por el alto crecimiento logrado en tan sólo un año, mientras que Guatemala, sacudida por una fuerte crisis político-institucional que llevó a la renuncia y detención de los entonces presidente y vicepresidente del país, sufrió una reducción sustancial de sus ingresos turísticos (-32%). El país en el que los ingresos por turismo tienen una mayor participación en la exportación de bienes y servicios es Belice con un 34,7%, seguido por Costa Rica con 19,1% y Panamá con 15,2%.

Dimensiones del crecimiento turístico en Honduras

Según el último informe oficial del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), durante el año 2015 Honduras recibió unos 2,1 millones de visitantes [1], con un débil crecimiento del 0,5% respecto al 2014. Los cruceristas representaron el 44% del total de visitantes, aunque se registró una reducción del 2,6% respecto al año anterior. El ingreso de divisas por turismo en Honduras bajó de casi un 5,5% [2], alcanzando los 675,6 millones de dólares que representan el 7,3% del total de las exportaciones de bienes y servicios (-0,3%).

El turismo se volvió a posicionar como la cuarta fuente de ingresos de divisas después de las remesas familiares, la maquila y la exportación del café. Las actividades relacionadas con este sector aportaron el 6,4% del Producto Interno Bruto (PIB) y representaron el 6% de la generación total de empleo. Actualmente el IHT tiene registrado a unos 3.500 establecimientos turísticos a nivel nacional.

La Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) estima que en 2015 el número de personas empleadas en actividades de turismo fueron unas 234 mil, lo que implica un crecimiento del 11,2%. El incremento anual promedio entre 2013 y 2015 ha sido del 9%. El 62,1% de las personas empleadas laboró en restaurantes y similares y el 26,2% en transporte de pasajeros. Del total de personas empleadas, el 55% corresponde a mujeres. La actividad en la que se reportó una mayor representación de mujeres fue restaurantes y similares donde el 80% corresponde a ese género.

Durante el año pasado, los resultados preliminares, no oficiales, presentados por el Banco Davivienda, mostraron un ligero aumento en concepto de visitantes (casi 2,2 millones) y un repunte en la generación de divisas (800 millones de dólares) del 18%. También crecieron los cruceristas y la cantidad de naves (+14,7%).

El turismo lo es (casi) todo

En 2015, el presidente Juan Orlando Hernández decidió contratar a la consultora global McKinsey para elaborar estudios y formular estrategias que permitieran promover y generar inversiones en el país, desarrollando sectores y asegurando un crecimiento económico sostenible en el tiempo. Prácticamente una hoja de ruta de corto y mediano plazo que ayudara a detectar y explotar las potencialidades del país, identificando áreas donde Honduras puede ser competitiva a nivel regional.

De esta iniciativa surgió el Programa Nacional de Generación de Empleo y Crecimiento Económico “Honduras 20/20”, una alianza estratégica del sector público-privado que en un período de 5 años (2016-2020) tiene planeado invertir unos 13.000 millones de dólares y generar 600 mil puestos de trabajo, más de un tercio de los cuales (255 mil) a través de la actividad turística, uno de los seis ejesdel Programa, que además incorpora agronegocios, textiles, BPO+ITO, manufactura intermedia y vivienda.

“Honduras es el único país de la región centroamericana que cuenta con los seis productos turísticos tradicionales: sol y playa, turismo aventura, naturaleza, turismo cultural y colonial, buceo y culturas vivas. El gobierno ha convertido al turismo en una prioridad nacional y en un eje transversal en la planificación de todas las instituciones del Estado”, explicó a Alba Sud, Emilio Silvestri, director del IHT.

 La reciente presentación de los Siete Pilares del Plan de Gobierno 2018-2022 del presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien el próximo 26 de noviembre buscará una reelección que varios sectores de la sociedad hondureña consideran ‘inconstitucional’, en cuanto prohibida por la Carta Magna, parece reafirmar y consolidar el camino trazado por el actual gobierno.

“Convertiremos al país en un centro logístico para Honduras, Centroamérica y el mundo. Autopistas, carreteras, aeropuertos nos darán un impulso importante para sacar la transformación de nuestro producto. Acá tendrá oportunidad el turismo, la cultura, la arqueología. Seremos el país de Centroamérica número uno en visitas de turistas”, vaticinó Hernández durante la presentación de su plan de gobierno a poco más de un mes de la cita electoral.

Para lograr ese objetivo se definieron siete habilitadores: conectividad, infraestructuras básicas, capacitación del personal, seguridad, infraestructuras de entretenimiento, promoción del país e incentivos para la inversión. “La actividad turística en Honduras no está creciendo como quisiéramos y a nivel regional estamos en los últimos lugares en casi todos los habilitadores. Además, los demás países centroamericanos tienen leyes sumamente atractivas para el inversionista nacional e internacional. Necesitábamos de algo que rompiera con los esquemas habituales y que sentase las bases de un nuevo paradigma en turismo”, agregó Silvestri.

“Por eso impulsamos una iniciativa de ley de fomento al turismo que estuviese dirigida a todos los actores de la cadena productiva del turismo en todo el país. No se trata solamente de ofrecer exoneraciones, porque muchos de estos actores lo que necesitan es financiamiento a largo plazo, intereses más bajos, capacitación, equipos para expandir sus negocios. La ley es sobre todo para la pequeña y mediana empresa”, explicó el titular de la cartera de Turismo.

La Ley de Fomento al Turismo

El pasado 17 de agosto de 2017, mediante Decreto 68-2017 aprobado por el Congreso, entró en vigencia la Ley de Fomento al Turismo. Sus principales beneficiarios serán los servicios de la industria turística, la infraestructura conexa habilitadora de turismo, inversiones puntuales en turismo, actividades turísticas conexas, servicios de oferta turísticas y servicios turísticos de transporte.

En particular, el apartado 3 del artículo 3 establece entre las ‘inversiones puntuales en turismo’ las áreas protegidas, sitios y monumentos que forman parte del patrimonio nacional –incluyendo los parques arqueológicos–, conjuntos de preservación históricas, sitios y zonas especiales de interés turístico.

En su artículo 5, la ley define, entre otros beneficios, las exoneraciones del pago del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre ventas, la exoneración de los derechos aduaneros de importación, del impuesto selectivo al consumo y demás tributos aduaneros para proyectos turísticos. También incluye beneficios en la importación de maquinarias y equipos necesarios para la construcción y mantenimientos de proyectos. Todos los beneficios e incentivos son improrrogables.

 Con el artículo 12 se crea el Fondo de Inversión, Promoción y Fomento del Turismo (FITUR), cuyo objetivo es brindar financiamiento para el fomento y desarrollo del turismo. Este fondo, que funcionará como un ente de derecho privado con personalidad jurídica propia, tendrá como patrimonio inicial “la aportación que recibirá del Estado y del sector privado”, así como “los aportes de organismos financieros internacionales y países amigos”. Será competencia del FITUR identificar sitios, comprar, alquilar, vender o asociarse con dueños de tierras para el desarrollo de proyectos turísticos, Asimismo, otorgará financiamientos para proyectos, realizará planes de polos de desarrollo turístico y creará líneas de crédito para el desarrollo del transporte nacional (aéreo, terrestre y acuático). También podrá constituir fideicomisos.

Tras fuertes presiones de parte de organizaciones nacionales e internacionales, diputados y diputadas aceptaron eliminar el artículo 17 que otorgaba al gobierno el poder de declarar de utilidad pública aquellas “tierras aptas para un desarrollo turístico determinado por el FITUR”. También determinaba su justiprecio, pagaba el valor correspondiente y las tierras expropiadas iban a formar parte del patrimonio del FITUR. Pese haber logrado la eliminación de dicha disposición, las organizaciones sociales alertan sobre la alta probabilidad de que las autoridades hagan uso de artículos de la Constitución para llevar a cabo dichas expropiaciones.

Otro aspecto destacado de la nueva ley es la posibilidad de decretar una amnistía (artículo 24), hasta por seis meses de plazo en el pago de multas a proyectos turísticos actualmente en operación “que no hayan obtenido su licencia ambiental y renovación de la misma”.

Según el director del IHT, en esta nueva ley, que asegura ha sido una de las más socializadas y discutidas, hay elementos que rompen con el paradigma existente y sientan un nuevo inicio para la actividad turística en Honduras. “Se han integrado sectores y productos turísticos basándose en el principio de igualdad, competitividad, proporcionalidad y transparencia. Es una ley que involucra a toda la cadena turística, garantizando la ampliación y diversificación de la oferta y asegurando la accesibilidad al crédito para la micro, pequeña y mediana empresa, que en Honduras representa un 80% de la oferta hotelera. Lamentablemente, en lugar de involucrarse y aportar propuestas, las organizaciones que han venido criticando este proceso se han mantenido al margen de la discusión”, lamentó Silvestri.

El espejismo de la democratización del turismo

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) envió en julio pasado una carta al Congreso pidiendo a los diputados que no aprobaran la Ley de Fomento al Turismo. Para dicha organización no había razón para incrementar beneficios y privilegios fiscales, ya que este sector no ha mostrado ser una fuente real de generación de empleo, ni ha tenido la capacidad de generar inversiones de calidad. Su aprobación, advertía el Instituto no solo agravaría las ya precarias condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población –casi el 66% vive en pobreza y el 42,5% en pobreza extrema (EPHPM 2016)– sino que generaría mayor conflictividad en los territorios.

Para el ICEFI es urgente cambiar políticas de atracción de inversiones y generación de empleo, anteponiendo el bien común y una agenda de desarrollo económico y social incluyente y democrática, a esquemas obsoletos, inefectivos e injustos como

los privilegios fiscales. “Los incentivos fiscales no pueden seguir siendo la justificación para atraer inversión. Además, nunca se ha llevado a cabo una investigación seria para analizar qué tipo de impacto han tenido en el pasado y qué cambios ha generado. No hay ninguna prueba concreta de que el beneficio social va a superar el costo tributario”, aseguró a Alba Sud, Juan José Urbina, economista investigador del ICEFI.

 Contrariamente a lo que el director del IHT declaró a Alba Sud, Urbina asegura que el contenido del Informe McKinsey se mantuvo bajo el más estricto secretismo. “Yo personalmente fui a pedir una copia de la consultoría al IHT, a la Presidencia de la República, al Congreso, a Coalianza [3], pero ha sido imposible conseguirla. ¿Cómo vamos a participar a un diálogo si nadie conoce el contenido de un documento tan estratégico? Aquí no hay pacto fiscal, sino un acuerdo que beneficiará a unos cuantos en detrimento de todo un pueblo”, aseveró Urbina.

El economista recordó que el sistema de salud pública en Honduras está colapsado, que hay medio millón de niños y niñas entre 9 y 14 años fuera de la escuela y que la pobreza en los territorios sigue expandiéndose. “Y en lugar de invertir en estos sectores quieren seguir usando bienes públicos para beneficios privados. Las autoridades del FITUR son las que decidirán qué zonas, territorios, bienes comunes son de ‘interés público por fines turísticos’ y eso agravará aún más las tensiones en los territorios. En Honduras no hay institucionalidad y no podemos confiar que los derechos sean respetados. Además, ¿qué capacidad tiene el Estado de fiscalizar todos estos beneficios? Ninguna”, manifestó preocupado Urbina.

Los mismos tiburones

También el economista y catedrático Hugo Noé Pino ha manifestado su profunda preocupación por una ley que no estaría introduciendo una discontinuidad en las prácticas institucionales. Honduras tiene una deuda elevadísima. Prácticamente un tercio de lo que recauda el gobierno ya se destina al pago de dicha deuda y el país tiene muy poca capacidad de seguir endeudándose. Esta nueva ley va a otorgar más exoneraciones y beneficios fiscales. “¿Qué están ocultando?”, se preguntó Pino.

“El gobierno invertirá en FITUR unos 50 millones de dólares de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los tiburones que siempre andan a la caza de recursos públicos para capitalizarse y ampliar sus operaciones podrán así tener acceso a ese dinero. Esta es la verdadera razón de porqué se quiso aprobar, de forma apresurada y prácticamente sin un debate serio, la Ley de Fomento al Turismo”, manifestó Pino a Alba Sud.

Según el experto, Honduras necesita invertir en turismo, pero involucrando a la pequeña y mediana empresa, a aquellos sectores que tienen un acceso muy reducido al crédito, a las comunidades indígenas que protegen sus territorios y sus recursos, brindando capacitación e invirtiendo en infraestructuras. Pino manifestó que no creía las promesas del gobierno de generar más de 250 mil puestos de trabajo. “¿Dónde están los estudios que avalan estas proyecciones? Nadie los ha visto, nunca los presentaron. Además, ¿de qué puestos de trabajo estamos hablando? Son empleos precarios, por tiempo limitado, muchas veces con sueldos más bajos del salario mínimo. Todo esto alimenta el círculo vicioso de la pobreza”, enfatizó el economista.

Es el dilema del pobre: más vale un trabajo mal pagado que morirse de hambre. “¿Por qué la política pública en vez de dedicarse a consolidar el nivel de vida de la población y tratar de garantizar empleo digno, pone a la inmensa mayoría de las personas frente a un dilema como este?”, se preguntó Juan José Urbina.

Es por eso que varias organizaciones decidieron conformar la Alianza por un Pacto Fiscal en Honduras, que plantea un acuerdo amplio para revisar la política tributaria del país que sigue siendo fuertemente regresiva, dedicando más presupuesto a la educación y la salud y reduciendo los porcentajes despropositado de defensa y seguridad. Un pacto social a través de la política fiscal que involucre a todos los sectores, y no solamente a gobierno y grandes empresarios.

También el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FODESH) expresó claramente sus dudas sobre la nueva política de turismo. En una carta abierta titulada “Ley de Fomento al Turismo, no es más de los mismo, es peor”, la reconocida organización dijo que los incentivos tributarios no solo no han generado crecimiento económico ni un efecto derrame hacia los hogares, sino que han contribuido a profundizar la desigualdad y elevar los índices de pobreza en Honduras.

“Estamos asustados de la voracidad de los que promocionaron esta ley. Hasta les han puesto el ojo a las áreas protegidas, a parques y reservas naturales, al patrimonio histórico y cultural, sin importarles las personas y comunidades que tienen siglos viviendo en estos lugares. El turismo ha sido un rubro burbuja y no va a potenciar un crecimiento económico duradero. Es un ilusionismo que se enmarca en el Plan Honduras 20/20, una superestructura que beneficia a unos pocos privados a costa del patrimonio público”, dijo Ismael Zepeda, economista junior del FODESH.

Territorios, conflictividad y medios de comunicación

Uno de los elementos de mayor preocupación sigue siendo la afectación que esta ley tendrá en los territorios. Según la diputada Doris Gutiérrez, la ley recoge toda la dureza del modelo neoliberal, enfatizando la transnacionalización del capital y la esclavitud de las y los trabajadores. “Aprobando esta ley –dijo a Alba Sud– Honduras está nuevamente poniendo en venta su territorio, protegiendo al capital trasnacional y desprotegiendo a nuestros pequeños y medianos empresarios”.

La misma preocupación expresó Ismael Moreno, conocido como ‘padre Melo’, sacerdote jesuita director de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC). “Toda la legislación hondureña se ha estructurado en torno a la alianza público-privado que beneficia a una reducida élite empresarial hondureña, a las transnacionales y al proyecto político del presidente Hernández. Por lo tanto, la Ley de Fomento al Turismo persigue el mismo objetivo y viene a consolidar la política económica de despojo de las comunidades indígenas y campesinas”, aseguró el padre Melo.

“Lamentablemente –continúa el director de Radio Progreso– existe una maquinaria mediática muy bien aceitada que sirve a crear consenso y engañar a la opinión pública sobre la bondad de esta iniciativa. Es lo mismo cuando el empresario va a explotar una mina o a construir una hidroeléctrica y se gana a la población construyendo una carretera, poniendo agua potable, instalando tendido eléctrico o construyendo una escuela o un centro de salud. Luego los beneficios se acaban y lo que queda es la verdadera naturaleza de estos proyectos, que son basados estructuralmente en la exclusión y la expulsión de poblaciones”.

Durante la fase de discusión y aprobación de la nueva ley, los principales medios de comunicación corporativos –que en Honduras controlan la agenda informativa del país y la ajustan a la medida de los grupos de poder (grupos fácticos)– han desplegado una fuerte campaña mediática con el fin de invisibilizar las numerosas críticas que surgían desde diferentes espacios de la sociedad hondureña.

 “Se ha venido vendiendo la idea del turismo como una ‘industria sin chimeneas’. Una industria que no contamina, amigable con el medio ambiente, los territorios y los pueblos. La opinión pública ha sido moldeada y ya no ve la conflictividad socio-ambiental que existe en el turismo, ni las comunidades que son desplazadas para construir un hotel o un residencial con fines turísticos. Oponerte a ‘algo bonito’ que ‘genera empleo’ es oponerse al desarrollo. Competir con eso es muy difícil”, dijo Juan José Urbina.

Turismo y despojo

Fuerte preocupación por la aprobación de la nueva ley de fomento al turismo expresó también la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). “Condenamos que áreas protegidas, reservas, parques naturales y todo lo que es patrimonio natural, cultural, arqueológico se esté poniendo a la venta. Se quiere vender la imagen de que Honduras es un país con potencial turístico, cuando tenemos altos niveles de criminalidad, violencia, inseguridad y la población sigue viviendo con terribles condiciones. Todo esto es una falacia”, dijo Miriam Miranda, coordinadora nacional de la OFRANEH.

Desde hace varios años, como se ha documentado detalladamente en el informe Expolio de los territorios garífunas en Honduras: Impactos del extractivismo y la expansión turística (Alba Sud, 2017) la proliferación de proyectos turísticos y turísticos-residenciales en los alrededores de la Bahía de Trujillo y la Bahía de Tela, en el litoral atlántico de Honduras, ha venido generando fuertes tensiones entre empresarios turísticos nacionales y extranjeros y sectores de las comunidades garífunas de la zona, que denuncian el despojo de tierras comunitarias y una creciente criminalización de la protesta social y la defensa del territorio.

 Para el director del IHT, el gobierno no tiene ninguna intención de cercenar territorios comunitarios, ni avalar que empresas trasnacionales lo hagan. Por el contrario, dijo que los pueblos indígenas son “uno de los elementos más valiosos para el desarrollo del turismo” en cuanto representan las culturas vivas del país. “Si queremos ampliar el turismo lo menos que vamos a hacer es afectar a los que son elementos que nos dan valor agregado y nos fortalecen. Cada obra deberá contar con una licencia ambiental y tendrá que ser socializada con la población. Los inversores serios y responsables entienden muy bien estas reglas que tienen que ver con sostenibilidad ambiental y social. No hay que ver al inversor como a un enemigo, sino como un aliado. Como Estado estaremos en el lugar para supervisar que todo se lleve a cabo respetando las leyes. Lamentablemente, hay organizaciones que siguen mirando fantasmas por todos lados”, enfatizó Emilio Silvestri.

La reacción de la Ofraneh ante estas declaraciones no se hizo esperar: “Nunca nos han consultado sobre el contenido de la ley que acaban de aprobar, ni hemos podido tener acceso al texto del informe McKinsey, y ahora salen diciendo que somos nosotros los que no queremos dialogar, que somos nosotros los que estamos cerrados. La verdad es que esta gente legisla e impulsa proyectos turísticos de espaldas al pueblo, promoviendo la compraventa de los bienes comunes y de los territorios donde vivimos. Oponerse a esto significa exponerse a la persecución, criminalización y judicialización”, advirtió Miranda.

Recientemente 180 organizaciones de ámbito internacional, regional y local hicieron un llamado urgente para visibilizar el grave contexto de represión y criminalización que enfrentan movimientos sociales y populares, comunidades indígenas, organizaciones de derechos humanos y, particularmente, las mujeres defensoras de derechos humanos.

Durante los últimos cuatro meses, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), integrada por más de 800 defensoras de derechos humanos de la región, ha emitido 14 alertas urgentes por agresiones sufridas por mujeres defensoras, sus organizaciones o comunidades. La mayoría de estas agresiones, explica la articulación en una carta pública, han sido perpetradas por agentes del Estado e incluyen, entre otros, el uso excesivo de la fuerza, la detención arbitraria y la injusta judicialización.

“En todo el litoral Atlántico nos estamos enfrentando a problemas graves. Tanto en la Bahía de Trujillo como en la de Tela las autoridades están persiguiendo a líderes garífunas, que luchan contra inversores extranjeros que pretenden arrebatarnos nuestras tierras e imponer proyectos turísticos. Nos oponemos a este tipo de ‘desarrollo’ porque atenta contra los bienes comunes y la vida, porque es el mayor responsable del cambio climático y de los embates que estamos sufriendo. Esta nueva ley –continuó la líder garífuna– viene a legitimar la injusticia y el despojo, a enriquecer aún más a los inversionistas extranjeros y a sus testaferros nacionales. Lo que esta ley va a generar es más expropiación de tierra comunitaria, más conflicto, más persecución y criminalización de defensoras y defensores. Rechazamos un turismo del despojo que folkloriza nuestra cultura. Abogamos por un turismo respetuoso, que garantice la sobrevivencia de nuestras comunidades y de nuestra gente. Vamos a seguir combatiendo ese modelo. Nuestra gente ya está harta de tanta injusticia”, concluyó Miriam Miranda.

 
Notas:
[1] Suma de turistas (visitantes que pernoctan) y excursionistas (visitantes que no pernoctan).
[2] Para la comparación siempre hay que tomar en cuenta la fluctuación del tipo de cambio del dólar respecto al lempira.
[3] Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada.

Fuente: Alba Sud