APDHA exige una investigación ante las repetidas muertes de personas presas en la provincia de Cádiz
· Solo en el mes de marzo han perdido la vida cuatro presos en instalaciones penitenciarias del Puerto de Santa María.
· Andalucía encabeza la lista de comunidades con mayor número de fallecimientos en prisión.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía exige la apertura de una investigación con motivo de las repetidas muertes que se han sucedido durante el pasado mes de marzo en las cárceles de provincia de Cádiz, donde un total de cuatro personas han perdido la vida bajo custodia de la administración penitenciaria.
A principios del mes de marzo, un preso murió en el centro penitenciario de Puerto III. El motivo de la muerte apuntaba al suicidio, según fuentes penitenciarias. Esta Semana Santa han fallecido otros dos presos más en la misma prisión. Según algunos medios de comunicación, uno de ellos por sobredosis de drogas y el otro a causa de suicidio por ahorcamiento. Esta misma semana una cuarta persona ha fallecido en el Centro de Inserción Social (CIS) de Jerez de la Frontera, sin que la causa exacta de la muerte haya trascendido.
La prisión de Puerto III en la que han sucedido tres de las cuatro muertes fue señalada por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa, en su informe del año 2017[1] a España, tras su visita a Andalucía, por contar con solo un psiquiatra que realizaba una única visita junto a las cárceles de Puerto I y II, y por no disponer de ningún psicólogo clínico.
Para la APDHA, “es lamentable que en un espacio de máxima seguridad donde las personas se encuentran bajo la custodia de la administración penitenciaria, sigan produciéndose este tipo de muertes. Instituciones Penitenciarias está obligada a velar por la vida, la salud y la integridad de las personas presas, y a adoptar medidas para abordar sus causas e impedir que estas muertes evitables se produzcan”.
Los datos indican que la tasa de suicidios dentro de prisión es mucho más elevada que en el resto de la población, pero la organización se cuestiona qué hay detrás de esta alta tasa. De las 21 personas presas que se suicidaron en el año 2016, 17 tenían enfermedad mental y 4 estaban en régimen de aislamiento, indica una respuesta parlamentaria del Gobierno de marzo de 2016.
Según los datos facilitados por el Gobierno hace tan solo unos días, durante el año pasado fallecieron 147 internos en todo el Estado. De estos fallecimientos, 39 fueron en Andalucía, lo que la coloca como la comunidad con el mayor índice de muertes de personas privadas de libertad. Por provincias, encabeza el ranking Morón de la Frontera (Sevilla) con 10 fallecimientos, Albolote (Granada), con 7, y Málaga, con otros 7, uno de ellos en CIS Málaga.
“La perspectiva de los datos a vista de pájaro es mucho más inquietante”, denuncia la organización, que indica que el número de fallecimientos de los últimos 17 años asciende 3.885[2], según se desprende del informe 2016 La Tortura en el Estado Español, elaborado por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) de la que forma parte la APDHA.
La organización considera esencial conectar estos datos con la deficitaria situación de la sanidad en prisión, y en especial de la atención psiquiátrica. Entre 2008 y 2017 ha habido 123 bajas de personal sanitario de las que solo se han cubierto 62[3], según ha detallado el propio Gobierno en respuestas parlamentarias. En su último informe el Defensor del Pueblo ha denunciado, además de la falta de personal sanitario, la pérdida de consultas y citas médicas que sufren las personas presas. Estas disfunciones, según el Defensor, “no son una mera molestia o incomodidad, sino que repercuten directamente sobre la salud de las personas privadas de libertad sobre las que la Administración penitenciaria y los que con ellos colaboran en materia de traslado de internos, tiene un deber específico de especial protección legalmente establecido”[4].
En su último informe, el CPT del Consejo de Europa ha recomendado “que las autoridades españolas adopten las medidas necesarias para garantizar que los reclusos vulnerables destinados en módulos de régimen cerrado y en departamentos especiales de las prisiones de Puerto III y Sevilla II reciban atención y tratamiento apropiados, y que los presos con trastornos mentales sean trasladados a un centro médico adecuado”. Todo ello, apunta la APDHA, para evitar unas muertes que “no se pueden consentir”, porque son evitables con un tratamiento y una atención adecuados.
[4] https://www.defensordelpueblo.
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