Maíllo insta a los grupos en el Congreso a consensuar ya la derogación de la reforma laboral

 El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha hecho un llamamiento a los grupos políticos que se oponen a la reforma laboral del PP «para que de inmediato se presente una iniciativa en el Congreso de los Diputados que derogue la reforma laboral del PP y se establezcan blindajes para los derechos básicos de los trabajadores».

Antonio Maíllo ha visitado esta mañana el centro de trabajo de la plataforma de Contac center Konecta ubicado en Bollullos de la Mitación (Sevilla), acompañado por Fernando Soriano, alcalde de la localidad (IU) y Manuel Lay, coordinador de IU en la provincia para mostrar su apoyo y solidaridad hacia los trabajadores y trabajadoras del sector, que tienen previsto retomar la movilización ante el bloqueo del convenio con una huelga de 24 horas el próximo 28 de noviembre.

La visita a las instalaciones de la empresa ha buscado «hacer un seguimiento al sector del telemarketing» que, junto al de la hostelería, «es el que sufre más precariedad y pobreza laboral”, lo que para Maíllo “es la situación social de Andalucía, no el crecimiento económico en datos y cifras sin mejora alguna de condiciones laborales».

Maíllo ha calificado de «héroes» a los trabajadores y trabajadores que se encuentran en esta situación y que «luchan con dignidad por defender sus condiciones laborales en su integridad». En este sentido el portavoz de IU Andalucía hace un llamamiento a los grupos políticos que se oponen reforma laboral del Partido Popular «para que de inmediato se presente iniciativa para derogarla y se establezcan blindajes para los derechos básicos de los trabajadores”.

Por su parte, el alcalde de Bollullos de la Mitación, Fernando Soriano, ha insistido en el apoyo absoluto a los trabajadores y trabajadoras de Konecta: «nos posicionaremos siempre en contra de la explotación laboral».

Finalmente, Luisa Garrido, secretaria provincial de CC.OO del sector del telemárketing, ha explicado que el conflicto laboral permanente que mantienen con la dirección de la empresa se debe a que “aplican una política de contratación de precariedad absoluta al obligar a los trabajadores a reducir la jornada laboral a 18 horas abocando a los trabajadores a salarios de 450 euros».

Garrido denuncia jornadas laborales de ocho días sin descanso, irregularidades constantes en las inspecciones de trabajo y por supuesto, «falta del diálogo y voluntad de acuerdo» .