La Corte suprema de justicia estudiará la situación jurídica de Álvaro Uribe

Tras la radicación del documento por parte del magistrado Reyes, colegas de la Corte definirán el próximo jueves si se acepta la ponencia o se archiva el caso. Si los magistrados se inclinan por continuar adelante, deberán determinar si ordenan la detención de Uribe o le permiten seguir en libertad mientras continúa la investigación.

El pasado mes de julio de 2018 el expresidente y actual senador Uribe, compareció ante otro juez de la Corte Suprema para responder a la acusación de un presunto intento de cambiar el testimonio de dos testigos claves que lo vinculan a él y a su hermano Santiago Uribe, con el paramilitarismo en el departamento de Antioquia (norte).

Acusación contra Diego Cadena, abogado de Uribe

La presentación de la ponencia de Reyes ante la Corte coincide con la reciente imputación de cargos por la Fiscalía contra Diego Cadena, en aquel momento abogado de Uribe, quien está bajo investigación por los mismos hechos por los cuales se investiga al expresidente.

Según la Fiscalía, Cadena y otro abogado, Juan José Salazar, se acercaron a los exparamilitares Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, para que declararan a favor de Uribe y en contra del senador Iván Cepeda, quien había acusado al expresidente colombiano de estar vinculado con el paramilitarismo.

Desde el 2011, el exparamilitar Monsalve viene acusando a Uribe, su hermano Santiago y otras personas de ser co-fundadores del grupo armado Bloque Metro, perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

De acuerdo al fiscal Daniel Hernández, quien lideró la audiencia virtual contra el abogado de Uribe, el pasado 18 de julio de 2017, el abogado Cadena visitó al exparamilitar Vélez en la cárcel para ofrecerle la suma de 200 millones de pesos, con el propósito de que cambiara su testimonio a favor del expresidente Uribe y manifestara que el senador Cepeda le ofreció dádivas para acusar sin pruebas a Uribe Vélez.

Otros exparamilitares también fueron escuchados por el magistrado Reyes cuando adelantaba la investigación sobre Uribe. Todos aseguran que el abogado Cadena los contactó y les ofreció prebendas a cambio de rendir testimonios que favorecieran al expresidente. 

Además de la imputación por soborno de testigos en actuación penal para favorecer, Cadena y Salazar están señalados por fraude procesal. Ambos no aceptaron los cargos durante la audiencia celebrada, con ese propósito, el 27 de julio pasado.

Con anterioridad, Cadena manifestó públicamente que los pagos no eran sobornos, sino ayudas humanitarias o viáticos, pero el fiscal Daniel Hernández dejó claro en su alegato que en la oficina del abogado no existía evidencia de ello.

El fiscal también solicitó que ambos fueran enviados a prisión domiciliaria, aspecto sobre el cual se pronunciarán en otra audiencia, prevista para el 31 de julio, donde se determinará si los juristas deberán permanecer en ese régimen mientras su proceso judicial avanza.