FACUA lamenta que Consumo cierre el expediente sancionador a las aerolíneas que no facilitaban teléfonos gratuitos perdonándoles las multas

FACUA-Consumidores en Acción lamenta que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023 haya decidido cerrar el expediente sancionador abierto el pasado verano a una serie de aerolíneas que no facilitaban teléfonos gratuitos perdonándoles las multas.

El expediente fue incoado por el Ministerio de Consumo tras las reiteradas denuncias presentadas por FACUA desde enero de 2021. Ahora, el departamento que dirige Pablo Bustinduy ha anunciado en un comunicado que “se han resuelto con acuerdo varios expedientes sancionadores abiertos a determinadas compañías del sector aéreo por no disponer de teléfonos de Atención al Cliente o, en caso de existir, por la dificultad de acceso al mismo”.

Así, Consumo ha comunicado que “los expedientes han terminado sin la imposición de sanción pecuniaria mediante un acuerdo de terminación convencional” porque “las compañías han asumido su responsabilidad y han suscrito una serie de compromisos de no reiteración”. En resumen, tras más de tres años saltándose la ley, la administración competente las exime de pagar multa alguna porque se han comprometido a no seguir incumpliéndola.

El ministro @pbustinduy lanza al mercado un mensaje muy peligroso y perjudicial para los consumidores: las empresas que se salten la legislación de consumo pueden hacerlo sin temor a ser sancionadas si cuando las pillen se comprometen a dejar de hacerlo. https://t.co/oW9XVZcWt5

— FACUA (@FACUA) April 1, 2024

FACUA considera inaceptable la extrema laxitud del ministerio con empresas que se han saltado la legislación, obligando a multitud de consumidores a realizar desembolsos económicos que no tenían por qué asumir por contactar con ellas telefónicamente.

En opinión de FACUA, Bustinduy lanza al mercado un mensaje muy peligroso y perjudicial para los intereses de los consumidores: las empresas que se salten la legislación de consumo pueden hacerlo sin temor a ser sancionadas si cuando las pillen se comprometen a dejar de hacerlo.

Denuncias desde enero de 2021

Como consecuencia de las reivindicaciones planteadas por FACUA desde el inicio de la legislatura, el Gobierno aprobó en diciembre de 2020 un cambio legal por el que las empresas que prestan servicios básicos de interés general -como las de transporte- deben ofrecer líneas gratuitas para la atención a los consumidores.

Tras su entrada en vigor, el 21 de diciembre de 2020, FACUA ha venido realizando sucesivos análisis sobre cientos de empresas afectadas por el cambio regulatorio. En el sector aéreo, las primeras denuncias interpuestas por la asociación datan de enero de 2021.

Durante los dos primeros años de vigencia del cambio regulatorio, 12 de las aerolíneas denunciadas por FACUA acabaron incorporando teléfonos gratuitos o dejaron de dificultar el acceso a la información sobre su existencia en sus páginas web. En diciembre de 2022, la asociación volvió a denunciar a 16 compañías aéreas que continuaban sin facilitar líneas telefónicas gratuitas.

Equipaje de mano

Con respecto al otro expediente sancionador abierto por Consumo a empresas del sector aéreo, por el cobro de un importe extra a los pasajeros que viajan con equipaje de mano, el ministerio ha anunciado que su Dirección General de Consumo ha notificado las propuestas de resolución a las aerolíneas afectadas. No ha aclarado las cuantías de las multas que plantea ni si incluyen una estimación del beneficio ilícito obtenido por las compañías con esta práctica ilegal.

Tras la finalización de la instrucción del expediente, se ha elevado a la Secretaría General de Consumo y Juego, que es el órgano que tendrá que resolver tras valorar las potenciales alegaciones que lleguen por parte de las empresas.

Se trata también de un expediente incoado el verano pasado tras las denuncias presentadas por FACUA. La asociación interpuso la primera de ellas ante el Ministerio de Consumo en octubre de 2021, concretamente contra Vueling. Anteriormente, en 2018, ya había denunciado a Ryanair y Wizzair ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por este motivo, sin que ninguno de los dos organismos le comunicara ningún tipo de actuación al respecto.