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Colombia. Fuerza pública, asesinatos, sistematicidad y lesa humanidad

Los asesinatos a manos de la fuerza pública o agentes paraestatales son el pan de cada día,  se intentan ocultar con engaños y cinismo  por los medios de comunicación arrodillados y al servicio de los que están en el poder. Tal como sucedió el pasado 28 de julio del presente año en la Lizama, zona rural del municipio de Barrancabermeja en el departamento de Santander, en donde fue asesinado a manos del Cabo primero Javier Alba Manjarrés del Batallón de Artillería de Barrancabermeja, el joven Rafael Caro quien tenía tan solo 16 años de edad.

Recordemos algunos casos:

Octubre de 2010 en Arauca, el Subteniente del Ejército Nacional Raúl Muñoz Linares, agrede física y sexualmente una menor de 13 años. En ese mismo mes, el uniformado también abusó de una niña de 14 años y la asesinó, junto a sus dos hermanos de 9 y 6 años, a machetazos, en zona rural de Tame. Este intentó acogerse a la JEP -Jurisdicción Especial para la Paz- con el fin de reducir su condena, pretendiendo evadir su responsabilidad en estos repudiables acontecimientos que fueron dirigidos a niños en estado de indefensión y vulnerabilidad y no en una acción de combate o baja militar.

2011 en Bogotá, fue asesinado el joven estudiante y grafitero Diego Felipe Becerra a manos del patrullero de la Policía Nacional Wilmer Alarcón. Alarcón en 2017 fue condenado a 37 años de cárcel por este homicidio (se encuentra prófugo de la justicia) la escena del crimen fue alterada plantando un arma de fuego e intentando acusar a Diego y sus amigos de robo, a la fecha se han condenado 3 policías que aceptaron participar del montaje y faltan por condenar alrededor de 10 policías entre ellos 3 coroneles que participaron de este falso positivo.

Noviembre de 2015 en Casanare, fue asesinado defensor de derechos humanos y campesino Daniel Abril Fuentes tras propinarle varios impactos de bala, por el hecho fueron detenidos 2 sujetos acusados como responsables del crimen, uno de ellos es el soldado profesional Eliecer Anzueta, quien además tiene antecedentes de responsabilidad en diversas ejecuciones extrajudiciales, y el presunto paramilitar Jhonnerver Tumay que se encuentra en libertad.

Abril de 2019 en Convención Norte de Santander fue torturado, mutilado y asesinado Dimar Torres Arévalo (desmovilizado de las FARC, quien se dedicaba a cultivar plátano según relata la comunidad) a manos del cabo del Ejército Nacional Daniel Eduardo Gómez que intentó ocultar el cuerpo de Dimar y quien junto con el ministro de defensa Guillermo Botero aseguraron que la muerte se produjo en un “forcejeo”. El cabo se encuentra detenido y deberá responder por homicidio en persona protegida.

Entre enero de 2016 al 10 de enero de 2019, en Colombia según el instituto de estudios para el desarrollo y la paz -INDEPAZ-  566 líderes sociales han sido asesinados a la fecha el Gobierno Nacional no reconoce la sistematicidad de estos asesinatos y no brinda garantías de protección a líderes comunales, ambientales y sociales.

El asesinato de Rafael

Ocurrió el pasado 28 de julio, su hermano relata cómo días antes varios soldados realizaron una requisa a un grupo de menores de edad entre los que se encontraba Rafael, a la que accedieron, minutos después nuevamente les requisan, ahora graban y toman fotos “al ver que ellos no accedieron el suboficial levantó la mano y le pegó una cachetada a uno de los muchachos”.

Por redes sociales uno de los soldados amedrentó a Rafael, escribiéndole que se “acercara a la base para poder matarlo”, luego de estos hechos, el altercado continúa y en un nuevo encuentro los soldados golpean con el plan de un machete a los jóvenes generando una reacción de los menores de edad,  quienes lanzan rocas en repetidas ocasiones contra los militares y luego se dirigen cerca a la base en donde continúa el altercado.

Los videos difundidos en medios de comunicación muestran cómo antes del asesinato, un soldado realiza un tiro de fusil intentando intimidar a dos jóvenes que le lanzaban rocas. Cuando Rafael ingresa a la base se encuentra un soldado en posición ofensiva, a una distancia considerable, tirado en el suelo, apuntando el fusil hacia el lugar en donde se encontraba el joven y de fondo voces de soldados que dicen: “está planeado, está planeado” “Hágale mi cabo, pégueselo, pégueselo”, suena una ráfaga de fusil y se observa como Rafael cae al suelo, pide ayuda a lo que los soldados responden: “Ahí fue, recójalo, recójalo” “¡Ah! Ahora sí ayúdeme”, minutos después falleció.

Este es un recuento más en el que se muestra la provocación, abuso de fuerza e indolencia por parte de miembros del Ejército Nacional de Colombia, quienes no solo dispararon sin justa causa propinando la muerte de Rafael sino que además no brindaron los primeros auxilios en el momento requerido. El descaro, la desfachatez y encubrimiento de los sucedido es protagonizado por el Fiscal General Fabio Espitia quien aseguró que no existió homicidio, pues supuestamente el disparo iba dirigido al suelo y rebotó, la misma versión del comandante del Ejército general Nicasio Martínez y del Ministro de Defensa Guillermo Botero.

Nicasio y Botero personajes protagonistas en el país

Uno es el ascendido el 8 junio a General, Nicasio Martínez Espinel, pese a que desde enero de este año la organización internacional Human Rights Watch (HRW) alertó que Martínez estaría vinculado con ejecuciones extrajudiciales llamadas “falsos positivos”, cuando el hoy general era el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, entre octubre de 2004 y enero de 2006, periodo en el que ocurrieron 23 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de esa brigada. El mismo que este año emitió las nuevas órdenes a las fuerzas armadas en donde se pide “doblar los resultados” de bajas, se instruye a los soldados a que no se “exija perfección” al momento de ejecutar ataques letales incluso si tienen preguntas significativas sobre los objetivos que están atacando. Algunos militares dicen que esa orden implica que reduzcan sus normas para proteger a civiles inocentes de ser asesinados, y que ya ha ocasionado muertes sospechosas o innecesarias.

Y el otro, es nada más y nada menos que el ministro de Defensa Guillermo Botero quien dio una versión equivocada sobre el asesinato de Dimar Torres, diciendo que se había tratado de un forcejeo, mientras el cuerpo presentaba varios impactos de bala, tortura y lo intentaron ocultar. Contra quien se presentó una moción de censura en la cámara de representantes en donde fue señalado de permitir, por sus directrices, la violación de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, de mentirle al país y de encubrimiento en el caso del asesinato de Dimar Torres en el Catatumbo, de estigmatizar la protesta social y a los líderes sociales, y hasta de corrupción y conflictos de interés por dirigir el Ministerio de Defensa cuando es accionista de una empresa de seguridad privada. El mismo que defiende e impulsa a capa y espada las fumigaciones con glifosato para la erradicación de cultivos de coca pese a las alertas emitidas por la Organización Mundial de la Salud sobre los posibles riesgos cancerígenos del herbicida.

Estos dos sujetos representan las cuestionadas Fuerzas Armadas, no les alcanza el descaro para encubrirlas a como dé lugar, amangualados con medios de “comunicación”, partidos politiqueros y gobernantes de derecha y extrema derecha, que no les importa pasar por encima de la vida de la clase popular, de los trabajadores, campesinos y jóvenes de este país con tal de conseguir sus intereses.

Es necesario que la doctrina de muerte e impunidad impartida por las Fuerzas Militares pare de una vez por todas, que no se sigan cometiendo ejecuciones extrajudiciales y violaciones de DDHH, que se condene y asuma responsabilidad en relaciones directas con el paramilitarismo, que de una vez por todas sean retiradas las bases militares y estaciones de policía que ponen en riesgo las comunidades en los territorios y que los jóvenes del país no sigan engrosando las cifras de asesinatos ya sea porque no tienen los recursos para pagar la libreta militar y  sean usados como carne de cañón o porque son presentados como falsos positivos.

Esperamos que el caso de Rafael Caro no sea uno más que quede en el olvido y la impunidad, sin condenas, sanciones y culpables del asesinato y encubrimiento.

Trochando Sin Fronteras

La opinión del autor no coincide necesariamente con la de TerceraInformación

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