Alianza Verde reclama el cierre de las granjas de visón, por responsabilidad y para evitar riesgos para la salud pública tras el brote de gripe aviar en Galicia

25 de enero de 2023.- Cada año se crían en España unos 750.000 animales en 32 granjas peleteras. Según datos del Ministerio de Agricultura,  26 de las explotaciones activas eran de visón americano en 2021, mientras que en el resto se producen principalmente conejos y chinchillas. 

En una investigación de la organización AnimaNaturalis, en la que se realizó un seguimiento a cinco granjas de visones ubicadas en Galicia y Castilla y León en los inviernos de 2020 y 2021, se documentó la existencia de animales con estereotipias, falta de higiene, contaminación del medio ambiente y una matanza grabada con cámara oculta.

Son muchas las ocasiones en las que el partido verde han urgido al Gobierno y, en concreto, al Ministro de Agricultura, Luis Planas, y a la Ministra de Sanidad, Carolina Darias, a clausurar este tipo de explotaciones, por cuestiones de tipo medioambiental y por razones éticas, debido a las prácticas de maltrato animal que allí se practican, pero, sobre todo, por una cuestión básica de salud pública. 

En el escrito que López de Uralde ha registrado en el Congreso, recuerda que “recientemente, una explotación de visones en Galicia detectó una variante mutada de una peligrosa gripe aviar que representa un potencial riesgo para los humanos. Sin embargo, este no ha sido el único incidente registrado en este sentido en los últimos años: durante la pandemia del coronavirus se han producido sacrificios masivos de estos animales al registrar casos positivos de esta infección en algunas de estas granjas”.

Por ello, para López de Uralde “no se entiende cómo, a la vista de las advertencias de la comunidad científica y médica, en España se sigue manteniendo esta actividad que supone un grave riesgo medioambiental y de salud pública”. Y ha manifestado sus críticas hacia la pasividad del Gobierno en este sentido, ya que en otros países europeos ya se han decretado cierres de este tipo de explotaciones, frente a la negativa de España.

Para López de Uralde “las alertas científicas y médicas, especialmente tras la experiencia de la pandemia de la COVID19, deberían ser suficientes para tomar medidas drásticas, porque no se puede anteponer ninguna actividad económica a la protección de la salud pública”.