El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, ha defendido y justificado el operativo militar dirigido contra supuestos disidentes de las desmovilizadas FARC, en el cual murieron siete menores de edad, entre ellos una niña de 12 años.
El Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) supuso un paso histórico para el definitivo cese del conflicto en el país, sin embargo, dos años después abundan las denuncias sobre el incumplimiento de lo pactado.
El 24 de noviembre de 2016 se suscribieron en el Teatro Colón seis puntos con los cuales las FARC-EP terminaron su actividad guerrillera, tras años de diálogo con el Ejecutivo que presidía Juan Manuel Santos.
En un mensaje desde la Casa Blanca, este 1 de noviembre, Donald Trump advirtió que si los integrantes de las caravanas de migrantes lanzaran piedras contra los soldados estadounidenses en la frontera de su país con México, serán consideradas como armas de fuego.
Sin embargo, dicha violencia tiene un origen estatal y puede constatarse a lo largo de la historia de Colombia.
Los aparatos represivos del Estado, y de manera especial los servicios de inteligencia, han creado desde siempre niveles de laxitud que les permite ampararse en la ley o traspasarla para cometer sus crímenes que se cubren de impunidad y que constituyen una de las más claras manifestaciones del Terrorismo de Estado.
El juez de distrito en Manhattan Alvin Hellerstein ha dicho que la difusión de las imágenes es adecuada porque el ministro de Defensa, Ashton Carter, no ha demostrado por qué la difusión de las fotos pondrían en peligro a los militares estadounidenses desplegados fuera del país.
La decisión de Hellerstein supone una victoria para la organización Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y para otros grupos de derechos civiles y veteranos que presentaron una demanda al amparao de la Ley de Libertad de Información en 2004 para exigir la difusión de las fotos.
Rodrigo Cabrera es la más reciente víctima de esta oleada violenta contra nuestra organización. Este 19 de noviembre fue baleado en la vereda Rosales del municipio de Policarpa (Nariño) cuando se dirigía a su casa.
Cabrera era agricultor, líder campesino del corregimiento Altamira y militante de Marcha Patriótica en el departamento de Nariño. Se convirtió en la víctima mortal número 124 en los cuatro años de trayectoria de nuestro movimiento.
En su cuenta de Twitter la reconocida luchadora por los derechos humanos afirmó que el gobierno tiene que desvertebrar a las organizaciones criminales que atentan contra los líderes sociales.
En el mismo sentido se expresó el senador por la Alianza Verde Antonio Navarro, quien manifestó que el tema amerita una investigación completa de los organismos del Estado, porque en estas condiciones las FARC-EP desmovilizadas van a quedar vulnerables a este tipo de acciones criminales.
En la fecha mencionada un grupo de guerrilleros se desplazaba por la jurisdicción del municipio Santa Rosa, al sur del departamento de Bolívar, hacia la zona de pre concentración autorizada por el Gobierno Nacional. Para la realización de dicho desplazamiento se habían adelantado y se estaban cumpliendo los protocolos de rigor a fin de cumplir con lo acordado.
Desde esta Redacción expresamos nuestra más absoluta repulsa, exigimos el castigo a todos los culpables y enviamos nuestro pésame y un fuerte abrazo a las compañeras y compañeros del MUCA y de todo el movimiento campesino hondureño.
