Alianza Verde reclama una intervención pública en el mercado de la vivienda y un turismo que no convierta a las ciudades en mercancía

La rama del sector inmobiliario que engloba a las viviendas turísticas ha crecido tanto que ha conseguido constituirse como un agente con amplia influencia política, un lobby que organiza un evento como Vitur, donde, según critican desde Alianza Verde, las estrellas son los apartamentos y viviendas turísticas, promocionados como “alojamientos flexibles y alternativos”.

Este evento ha recibido de la Junta de Andalucía, más de 72.000 €, y de la Diputación de Málaga otros 15.000 € en un intento de promocionar y proteger este sector, precisamente para evitar que protestas contra la masificación turística como la vivida en Canarias, se propague por la costa del Sol en Málaga y otras ciudades tensionadas de la comunidad.

“En Alianza Verde somos conscientes de los graves efectos socio-ambientales que provoca la presión turística creciente que se ejerce sobre las ciudades”, ha señalado Carmen Molina, coordinadora de Alianza Verde Andalucía. “Y esta reunión anual, patrocinada con dinero público, se produce en pleno debate sobre el modelo de turismo para Andalucía y para todo el país”.

Es un modelo, critican desde el partido verde, que está generando protestas por el turismo masivo y los problemas de convivencia que origina, así como por el incremento de los precios del alquiler o la falta de vivienda en alquiler de larga temporada. Un dato que pone en evidencia la tensión real y el conflicto es el hecho de que en el centro de Málaga haya más alojamientos turísticos que vecinos censados. Los alojamientos turísticos dejan más ganancias, aunque generen mayores costes a los ayuntamientos en limpiezas, retirada de residuos etc. y rompan la convivencia vecinal, a la vez que destruyen el patrimonio arquitectónico y el carácter de las ciudades.

En Alianza Verde reclamamos una intervención pública en el mercado de la vivienda que evite la jungla en que se ha convertido el sector. Y que se trabaje desde las administraciones públicas para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna que consagra nuestra Constitución en su artículo 47, porque la vivienda, y por ende, la propia ciudad, no se debe tratar como mercancía.

Para Molina, “No admitimos las declaraciones de responsables políticos como el alcalde de la ciudad de Málaga y otros como él, que deja en manos de la buena voluntad de quienes negocian en este mercado, la decisión de contener la expansión y encarecimiento de un bien necesario, que está expulsando de la ciudad a vecinas y residentes. Además de ese otro conflicto que ha provocado el considerar la ciudad como mercancía. Estamos asistiendo cada día, con profusión y sin piedad a desahucios constantes de residentes, cuando son comprados edificios y sectores completos de la ciudad por fondos de inversión cuyo objetivo es sacar rendimiento financiero del sector inmobiliario”.